Trump amenaza a las redes sociales por su presunto sesgo anticonservador con un decreto presidencial
El debate sobre la moderación de contenido y la verificación de información que circula a través de redes sociales ha desembocado en un escenario delicado e inédito para estas plataformas. Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva por la que pretende limitar la protección legislativa de la que gozan, después de que Twitter añadiera una etiqueta de aviso a dos tuits suyos sobre posible fraude electoral. En ella la plataforma animaba a quien viera el tuit a “conocer los hechos”, lo que suponía de facto la primera ocasión en la que verificaba el presidente de EEUU. The Washington Post atribuye a Trump hasta 18.000 declaraciones falsas o incorrectas hasta mediados de abril.
Esta respuesta supone un punto de inflexión clave en una dinámica de tensión a lo largo de los últimos años entre conservadores estadounidenses y plataformas sociales. Los primeros han acusado de forma reiterada a los gigantes de Internet de practicar un presunto sesgo tendente a reducir la libertad de expresión de quienes expresan ideas no progresistas. Y han defendido la idea de que las redes sociales se estaban amparando en un marco legal que incumplían de manera reiterada.
Se refieren a la sección 230 de la Communications Decency Act (CDA), ley promulgada en 1996, que otorga una protección concreta a los servicios de Internet frente a posibles responsabilidades legales derivadas de lo que sus usuarios publiquen en ellos, salvo en casos concretos. La crítica básica de los conservadores es que las plataformas emplean esta impunidad para perjudicar la visibilidad de los mensajes que defienden sus ideas, bajo la perspectiva de que esa pieza legislativa existe para mantener un equilibrio ideológico en las conversaciones online.
Por su parte, las redes sociales se aferran a su capacidad discrecional para moderar el contenido que los usuarios vierten en ellas, así como para contar con colaboradores externos que verifiquen la información que acogen para evitar dinámicas perjudiciales para la sociedad. La orden ejecutiva firmada por Trump obligaría a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) a elaborar un reglamento que limite lo expuesto por la sección 230 para establecer las condiciones en las que las plataformas podrían operar sobre el contenido, algo con lo que ya amagó en agosto de 2019.
No está claro el alcance de esta medida sin el eventual apoyo del Congreso, especialmente teniendo en cuenta que este año se celebran elecciones presidenciales en EEUU. Joe Biden, el candidato demócrata al que se enfrentará Trump en noviembre, ya ha expresado igualmente su intención de eliminar esta exención de responsabilidad si resulta elegido.
