El proceso por el que el Gobierno australiano pretende lograr que los gigantes de internet paguen a los medios locales por su información está en marcha y ya hay un primer documento que ofrece pistas al sector. Entre ellas la más llamativa es la que plantea formalizar un boicot colectivo a Google y Facebook como una posibilidad para forzar una negociación exitosa.
Según indica el texto, elaborado por la Comisión Australiana de Competencia y Consumidores (ACCC), ese mecanismo podría alentar que ambas empresas ofrezcan “una remuneración más adecuada por el uso de su contenido” en un “marco alternativo de negociación”. Esta propuesta requeriría un grado de participación elevado para ser efectiva y el organismo alerta de que eventuales conversaciones por separado de grandes medios con esas plataformas minarían el poder de presión de todo el sector.
Precisamente el de la negociación colectiva es otro aspecto clave de este documento. Su autores consideran que puede ser beneficiosa para el objetivo de obtener compensación justa por el uso del contenido en plataformas, en la medida en que permitiría obtener mejores condiciones para todos en un proceso menos desequilibrado que el de los acuerdos individuales con ellas. Pero también reconocen que puede haber medios para los que este esquema no sea útil por las cualidades concretas de su modelo de negocio.
En todo caso, también recuerdan que un marco de negociación de este tipo tendría que contar con la propia autorización de ACCC, ya que en principio puede ir en contra de la normativa que garantiza la competencia. Y la comisión solo daría su permiso para este escenario en caso de que el resultado compensara esa situación con un beneficio mayor para los ciudadanos.
ACCC también contempla la posibilidad de que un actor independiente ejerza como mediador y/o árbitro entre ambas partes, de manera que pueda resolver disputas derivadas de desacuerdos en las retribuciones. Por ello pide a los interesados que sugieran posibles figuras que pudieran cumplir con ese rol.
Además de explorar alternativas y definir conceptos de base para el debate, este documento de trabajo abre el plazo para que los interesados hagan llegar al organismo sus sugerencias hasta el 5 de junio. Todas ellas serán tenidas en cuenta de cara a elaborar el código de conducta que regirá de forma obligatoria las relaciones entre editores y plataformas, que supondrá un precedente del que medios de todo el mundo están pendientes.
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