El Gobierno parece dispuesto a aprobar el impuesto sobre determinados servicios digitales -más conocido como la ‘Tasa Google’-, pese a las presiones de Estados Unidos. En estos momentos, este gravamen está en tramitación parlamentaria en nuestro país. Se encuentra en el Congreso de los Diputados, donde los partidos están presentando enmiendas parciales.
El impuesto, con un tipo del 3%, gravará servicios digitales de publicidad online, los de intermediación que permitan localizar a otros usuarios e interactuar con ellos y los de transmisión de los datos recopilados de usuarios. Según el proyecto, afectará a las multinacionales que facturen más de 750 millones de euros en todo el mundo, y más de tres millones en España.
Pese a que en el espíritu de la ‘Tasa Google’ está la de gravar la actividad de las grandes tecnológicas multinacionales, como Google o Facebook; lo cierto es que la redacción actual del gravamen no convence a los principales actores de la industria digital española. En un comunicado conjunto, AMETIC, IAB Spain, la Asociación Española de Startups y la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) piden al Gobierno que reconsidere su posición hasta que se alcance un acuerdo en el ámbito internacional. Según estas asociaciones, el impuesto traerá consigo efectos negativos para el conjunto de la economía española, que quedaría abocada a ser “menos productiva, menos innovadora, menos emprendedora y, en consecuencia, menos competitiva a nivel global”. Alertan también de que este impuesto tendrá un impacto particular sobre las pymes y las startups.
También se sitúan en contra de este impuesto tal y como se contempla en la actualidad las grandes agencias de medios internacionales. Grupos como Dentsu, WPP, IPG, Havas, Omnicom o Publicis tendrían en principio que hacer frente a este impuesto, pues sus matrices internacionales superan ampliamente esos 750 millones de euros de facturación que fija el gravamen como umbral mínimo.
De todas estas compañías, la más grande por facturación en España es Dentsu, con 800 millones de volumen gestionado el año pasado solo en España, según Infoadex. Desde esta compañía se muestran muy preocupados por la incertidumbre generada en torno a este impuesto y por el deterioro que podría sufrir en su modelo de negocio.
Para Eduardo Lagaron, senior legal counsel en Dentsu Aegis Network, la ‘Tasa Google’ en su redacción actual genera inquietud por varios factores. En primer lugar, desde esta compañía muestran su preocupación ante el hecho de que este impuesto grave los ingresos y no los beneficios. Como es sabido, las agencias de medios facturan a los anunciantes el coste de los medios, lo que les genera una cifra de negocios muy alta, pero también grandes costes (básicamente, pagar a los medios por sus espacios publicitarios). «Puede darse la casuística en algunos casos de que el impuesto fuera mayor que el propio fee de la agencia. Es algo que nos preocupa mucho. Entendemos que la norma no ha pensado en cómo funciona una agencia de medios». Así lo indicó el directivo de Dentsu en un webinar organizado ayer por IAB Spain, en el que también participaron Álvaro Sánchez-Herrero y Cristina Foyedo Lahoz, socio y manager de PwC Tax & Legal Services, respectivamente.
Por otro lado, Lagaron precisa que «servir anuncios no implica obtener ingresos» en el caso de las agencias de medios. La norma actual gravaría la publicidad que aparezca en dispositivos ubicados en territorio español. Sin embargo, las agencias de medios trabajan cada vez más el modelo performance marketing, por que el que solo cobran un fee si se producen resultados. Es decir, si se mantuviera el impuesto tal y como está ahora, las agencias de medios deberían hacer frente al gravamen por servir anuncios aunque no haya generado ingresos para ellas, si finalmente el resultado requerido por el anunciante no se ha producido.
Efecto cascada
Otra de las incertidumbres que genera en las agencias citada por el representante de Dentsu reside en el efecto cascada que podría generar la ‘Tasa Google’. En el caso de la compra programática, Lagaron alerta de que hay multitud de actores (DSP, SSP, ad exchange…) que participan en una campaña publicitaria, con lo que se corre el riesgo de todos estos eslabones deban asumir el impuesto por la gestión de una campaña.
También ocurriría algo parecido con los denominados «data lakes», que son bases de datos enormes que beben de múltiples fuentes y que son utilizadas por las agencias de medios para una mejor segmentación de sus campañas. En este caso, según Álvaro Sánchez-Herrero, se podría correr el riesgo de una «doble imposición», al tributar por la compra de datos y, posteriormente, por los ingresos que se extraigan de ese «data lake».
Este efecto cascada ha sido señalado por las asociaciones como una de las consecuencias potencialmente nocivas para el ecosistema digital español. En su comunicado, las cuatro entidades alertan de que «se producirá una traslación del efecto del impuesto en la cadena de valor y la repercusión del impuesto en cascada impactará en las empresas de forma abrupta en un país en el que el 99,5% de las empresas son pequeñas y medianas, que en su conjunto representan 2/3 del PIB español y el 78% de los empleos».
Los expertos de PwC en materia impositiva que participaron en el webinar de IAB también consideran que la implantación unilateral de este impuesto podría reducir la actividad extranjera en España. En concreto, alertan de que se corre el riesgo de que las grandes multinacionales pudieran decidir dejar de prestar servicios en España. Pero no solo a este tipo de compañías podría afectarle, ya que también consideran que tendría repercusión, al menos parcial, en las pymes.
También abundan en la dificultad actual de determinar en la práctica cuáles son los hechos imponibles y, además, es muy posible que genere mucha litigiosidad al constituirse como un impuesto indirecto.
