El Colegio de Abogados de Madrid apura los plazos para nombrar a su nuevo dircom
65 curriculum. Es el número de candidaturas que se han presentado al proceso de selección para la designación del nuevo director de comunicación del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), puesto que quedó vacante el 15 de septiembre con el cese efectivo del periodista Alfonso Merlos.
La convocatoria para seleccionar al que será el responsable de dirigir la política de comunicación del colegio madrileño se abrió a mediados de julio, después de que la junta de gobierno acordara rescindir el contrato de la empresa Trocadero Comunicación, gestionada por Merlos, quien esta misma semana accedía al cargo de presidente del grupo Estrella Digital.
Según informan fuentes del ICAM, de entre las 65 solicitudes recibidas el director general de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia, Pedro Irigoyen, llevó a cabo un primer proceso de selección para reducir a 35 el número de candidatos. Entre la segunda parte de julio y la primera de agosto entrevistó a los seleccionados, algunos de forma presencial y otros virtual.
Con las referencias de esta treintena de nombres llevó a cabo un segundo filtro para quedarse con siete candidatos, los cuales han sido convocados ya entrado el nuevo curso para pasar una nueva entrevista. En esta ocasión con Carlos Marino, director general del ICAM, quien se ha encargado de elevar una serie de nombres a la Comisión de Nombramientos de la organización. Este órgano, compuesto por cuatro diputados, decidirá a su vez la terna final entre la que deberá votar la junta del gobierno en su reunión del próximo 28 de septiembre.
El único candidato que han trascendido es José María Ortega, director de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. OKDiario avanzó su nombre al poco de que el colegio informara de su decisión de prescindir de Merlos tras «un detenido análisis de la situación planteada en los últimos meses a raíz de las noticias aparecidas en los medios de comunicación». Se refería de esta forma a la polémica surgida sobre su vida privada a finales de abril.
En esos días la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) denunció la supuesta contratación irregular de Merlos mediante su sociedad Trocadero Comunicación, con un coste anual de 181.500 euros. La versión oficial del ICAM para tomar justificar esta decisión fue señala «la razón para la terminación del contrato con dicha sociedad se encuentra en la incompatibilidad entre la proyección pública de Alfonso Merlos, derivada de dichas noticias, y la naturaleza de la actividad que desarrolla el ICAM, como representante de la abogacía madrileña».
