El Congreso de los Diputados ha rechazado este miércoles la convalidación del real decreto ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés.
La norma, aprobada por el Consejo de Ministros hace tres semanas, tenía por objeto regular la relación entre los grupos de interés y las personas al frente de puestos públicos susceptibles de recibir influencia, además de crear y regular un registro de lobbies de ámbito estatal, público y obligatorio.
La Cámara Baja ha derogado la normativa con 179 votos en contra, 155 votos a favor y 12 abstenciones.
La Cámara Baja ha derogado la normativa con 179 votos en contra, 155 votos a favor y 12 abstenciones. Este rechazo supone devolver la senda regulatoria de la actividad del lobby a su casilla de salida, como ya ocurrió en 2023, cuando el adelanto electoral hizo decaer el anteproyecto de ley que estaba en marcha.
El resultado de la votación confirma lo que los profesionales de los asuntos públicos ya vaticinaban en los últimos días, marcadas por constantes negociaciones con grupos de interés y la posición en contra de organizaciones empresariales.
Desde APRI, la asociación que representa a este sector, lamentan el resultado de la votación y consideran «urgente» una regulación. “La necesidad de una regulación no ha cambiado. Ahora se abre una nueva oportunidad para construir un marco más consensuado, sólido y duradero, que reconozca la representación de intereses como parte normal de una democracia abierta y participativa”, ha declarado Carlos Parry, presidente de APRI.
La asociación defiende que España cuenta ya con referencias suficientes para avanzar, como la regulación en comunidades autónomas y ayuntamientos, los estándares europeos, que «permiten abordar ahora una regulación estatal con mayor consenso y vocación de permanencia«.
“Existe experiencia, hay modelos de referencia y el sector tiene una propuesta clara. APRI seguirá trabajando con los grupos parlamentarios y las instituciones para contribuir a que España cuente con una regulación moderna, equilibrada y eficaz” concluye Parry.
Desde que el Gobierno aprobó el real decreto ley, activando el registro central de lobbies pendiente de su convalidación parlamentaria, se han inscrito más de 250 organizaciones como grupos de interés, entre los que destacan trece consultoras de asuntos públicos. Son Burson, Cariotipo, Estrategos, Grayling, H/Advisors, JRB Global, Kreab, LLYC, Nitid, Paradigm, Political Intelligence, Puentia y Rud Pedersen.
