Pedro Sánchez.

Moncloa acelera para emitir publicidad institucional durante la precampaña electoral

viernes 16 de octubre del 2026

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El Ministerio de Hacienda está adjudicando contratos a agencias de medios para poder emitir publicidad institucional durante la precampaña electoral.

Acaba de seleccionar a t2ó para gestionar la planificación y compra de medios de una campaña para el fomento de la lectura, impulsada por el Ministerio de Cultura. El presupuesto para medios es de 3 millones de euros, IVA incluido. Será, por tanto, una de las más caras del año.

La creatividad se asignó a la agencia Siberia el pasado mes de agosto por más de 130.000 euros, que propuso el lema La vida tiene muchas lecturas. El contrato fue tramitado por el método de urgencia.

El Gobierno va a difundir próximamente una gran campaña de 3 millones de euros para el fomento de la lectura.

Esta campaña tiene una duración estimada de 4 semanas, como fecha límite hasta el 11 de noviembre de este año. La campaña electoral comenzará dos días después, el 13 de noviembre.

Un tercio del presupuesto para medios se destinará a los medios digitales, mientras que la televisión absorberá el 20%, la radio, el 16%; la publicidad exterior, el 15%, la prensa en papel, el 12% y el restante 5% irá a las pantallas de cine.

El público objetivo primario de esta campaña es la población en general. Y hay un target secundario que es aquel que dice no leer nunca. Cultura concreta este grupo poblacional en un perfil masculino de entre 25 y 55 años y al femenino entre 35 y 65 años. Y la campaña hará un especial hincapié en aquellas comunidades autónomas con índices de lectura más bajos, como Galicia, Extremadura, o Andalucía.

El objetivo de la campaña -según expresan- es fomentar la lectura y poner en valor el libro como un instrumento de ciudadanía, de crítica, de emancipación personal y de creación de comunidad.

Este contrato publicitario se formalizó el pasado 9 de octubre, cuatro días después de que Pedro Sánchez anunciara la convocatoria de Elecciones Generales.

Del mismo modo, el Gobierno acaba de adjudicar -lo ha hecho esta semana- otro contrato publicitario para gestionar una campaña para informar sobre la función y el acceso a la inspección de trabajo, así como la denuncia y los diferentes métodos de comunicar irregularidades laborales al organismo.

En este caso, el importe es más reducido -450.000 euros-, presupuesto que será gestionado por la agencia Digital Sapiens.

Según indica el Ministerio de Trabajo, el público objetivo prioritario de esta campaña son los trabajadores de 18 a 54 años, con especial atención a jóvenes de 18 a 34 años en empleos temporales, parciales o de alta rotación; trabajadores en sectores con mayor exposición a irregularidades laborales, como hostelería, comercio, logística, reparto, construcción, agricultura, limpieza, cuidados y servicios personales; así como empleadas del hogar, trabajadoras extranjeras, falsos autónomos y otros perfiles que puedan encontrarse en situaciones de trabajo no declarado, falta de alta, vulneración de derechos laborales o condiciones laborales irregulares.

La campaña estará en los medios una semana, entre el 1 y el 30 de noviembre. En este caso, la televisión no formará parte del plan de medios. Sí lo hará la radio y la publicidad exterior, con un 30% del presupuesto asignado en ambos medios. Otro 25% irá a medios digitales y el 15% restante a la prensa impresa.

Límites a la publicidad institucional

La idea de Moncloa es seguir adjudicando contratos a las agencias de medios para emitir campañas publicitarias durante las próximas fechas, pese a que coincide con la precampaña electoral.

La publicidad institucional en teoría esta bastante limitada durante este periodo. De hecho, según la Junta Electoral Central, desde el anuncio de convocatoria de Elecciones -fue el pasado 5 de octubre- solo se pueden emitir dos tipos de anuncios publicitarios públicos: la propia campaña institucional sobre el proceso electoral y campañas informativas imprescindibles para salvaguardar el interés público o para el correcto funcionamiento de los servicios públicos.