La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha desestimado las demandas interpuestas por CCOO y CGT contra Radiotelevisión Española (RTVE) sobre el acuerdo suscrito hace cuatro meses entre la corporación pública y los sindicatos USO, SI y UGT para convertir los centros territoriales de Andalucía y Comunidad Valenciana en centros de producción.
CCOO y CGT decidieron no firmar el acuerdo al considerar que fueron excluidos del proceso negociador, y que RTVE vulneró el derecho de libertad sindical en materia de negociación colectiva; argumento que ha tumbado la Audiencia Nacional.
CCOO y CGT demandaron a RTVE al considerar que fueron excluidos del proceso negociador y que se vulneró el derecho de libertad sindical.
CCOO, que es una de las fuerzas sindicales mayoritarias en RTVE, también solicitaba una indemnización de 50.000 euros por daños morales, cerca de 230.000 euros por daños reputacionales y la publicación de la sentencia en los medios.
La Audiencia Nacional dicta que no existió una negociación encubierta de la que fueran deliberadamente apartados los sindicatos demandantes. El tribunal acredita que los responsables de CCOO recibieron los borradores del acuerdo y que el propio secretario general respondió al texto definitivo con un emoticono de aprobación, sin formular objeciones.
Respecto a CGT, el tribunal justifica su ausiencia en que dicho sindicato no forma parte de la Comisión de Producción Interna regulada en el convenio colectivo de RTVE.
Trabajadores de la corporación habían expresado su temor a que la reconversión de los centros territoriales respondiera más a motivos políticos e ideológicos que de gestión, y alertaban de la posibilidad de que se replicara a nivel autonómico el modelo de Torrespaña-Prado del Rey, con la contratación de productoras privadas afines para producir contenidos en plena vorágine electoral.
La dirección de RTVE y los sindicatos firmantes rechazaron estas acusaciones y defendieron la conversión de los centros como «una reclamación histórica» para la estructura territorial. Los demandantes pueden recurrir al Supremo para interponer un recurso de casación.
