La libertad de prensa, en entredicho por los CDR y la trama Villarejo
La libertad de prensa convive con el riesgo latente de ser menoscabada. El ejercicio de un periodismo con plenas garantías se ampara en el derecho de poder transmitir hechos veraces de relevancia pública para que sean conocidos por la ciudadanía.
Lo sucedido estos días con la imputación de doce periodistas por informar sobre la investigación a los CDR y la declaración del director y subdirector de El Confidencial por difundir el contenido de las grabaciones del comisario Villarejo sobre el presunto espionaje a ACS por encargo de Ibedrola, pone en entredicho el valor constitucional de la libertad de prensa y el derecho a la información.
En relación a la citación ordenada por el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid contra periodistas de El Mundo, El País, ABC, El Confidencial Digital, La Vanguardia, El Español, Cadena Ser y RTVE por un presunto delito de revelación de secretos, las principales asociaciones de prensa reaccionaron manifestando su absoluto rechazo. Lo hicieron el mismo día en que se conocía la medida, dos antes de que la Fiscalía Provincial de Madrid decidiera recurrir el auto este viernes al entender que no «son responsables de la infracción penal que es objeto de la instrucción de la presente causa».
«Quienes tienen que guardar silencio son los funcionarios y no los periodistas, cuyo deber es difundir información veraz y contrastada sobre asuntos de interés público», manifestaba en un comunicado la Asociación de la Prensa de Madrid (APM). Desde la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR) se mostraron algo más rotundos en su respuesta, donde discrepaban una decisión que cuestionaba el derecho a la información y al secreto profesional en el ejercicio periodístico que recoge la Constitución en su artículo 20.
Menor transcendencia en los medios de comunicación ha tenido la investigación a El Confidencial por parte del titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, que obligó a declarar a su director, Nacho Cardero, y el subdirector y responsable de Nacional, Alberto Pérez Giménez.
Ambos periodistas defendieron ante el juez que el medio había obtenido las grabaciones del comisario Villarejo con el responsable de seguridad de Iberdrola de «manera lícita y transparente». Su publicación, que se ha venido haciendo con «cita expresa de la fuente que se les ha proporcionado», llevó al juez a imputarles por un presunto de delito de desobediencia tras haber sido requeridos a entregar el material y no difundirlo.
«La dirección de este periódico entiende que todas las informaciones que se han publicado han sido veraces, de indudable relevancia pública, y que su difusión responde única y exclusivamente al legítimo interés de ofrecer a los lectores de El Confidencial el mayor acervo noticioso», defienden desde el periódico en relación a un conflicto de intereses en el que debe prevalecer la libertad de prensa.
Este posicionamiento en favor de la libertad de expresión está respaldado por la interpretación que ha aplicado tanto la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo como la doctrina constante del Tribunal Constitucional. Marco jurídico que, según El Confidencial, le ayuda a confiar en continuar «desarrollando en plenitud nuestra labor informativa».
Existen precedentes recientes en este marco, como la investigación judicial iniciada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares contra el juez del caso Cursach, Miguel Florit, que a finales del pasado año ordenó incautar teléfonos móviles y ordenadores portátiles a periodistas de Diario de Mallorca, EFE y Europa Press en busca de una filtración.
