España es uno de los países que permanecen a la cola en transparencia e integridad sobre lobby. Así lo recuerda la agencia de comunicación Newsline en el último informe publicado sobre esta materia, que trasladó ayer a los portavoces del Congreso, donde reclama mayores avances.
El informe parte de la base de la publicación de la OCDE Anti-Corruption and Integrity Outlook, que refleja que España apenas alcanza un 25 % de cumplimiento de los estándares en regulación del lobby y un 0 % en su aplicación práctica; unas cifras que se ubican muy por detrás de la media.
Los autores del informe de Newsline proponen cinco medidas para impulsar la transparencia de la actividad del lobby. La primera es la ampliación de los periodos de incompatibilidad, que en España son actualmente de dos para altos cargos de la Administración General del Estado. «Es claramente insuficiente frente a estándares internacionales como el canadiense, que fija cinco años, y favorece las puertas giratorias inmediatas», lamentan.
La agencia de comunicación trasladó ayer a los portavoces del Congreso sus propuestas para mejorar la transparencia.
Esta ampliación del plazo, defienden los consultores, también debería extenderse a diputados, senadores, asesores y personal de partidos políticos para «reducir de forma efectiva los conflictos de interés».
En segundo lugar, plantean la creación de un registro estatal, público y obligatorio de lobistas, similar al francés o al estadounidense, que recoja la identidad de los representantes de intereses y los asuntos en los que intervienen. Cabe recordar que el Gobierno ha anunciando su intención de acelerar la tramitación de la ley que recoge la creación de este registro. Un paso aplaudido por el sector.
Por otro lado, proponen la publicación de la huella legislativa. Una herramienta que permita conocer cómo esas interacciones entre políticos y grupos de interés influyen en la elaboración de las normas. «Ejemplos como Francia o el sistema de reporting en Estados Unidos muestran que este mecanismo refuerza la trazabilidad y transparencia», subrayan.
En cuarto lugar, defienden la asignación de la tarea de supervisión de la actividad a una autoridad realmente independiente. Recuerdan que en España existe la Oficina de Conflictos de Intereses, aunque puntualizan que depende del Ejecutivo y sus competencias son «muy limitadas». «Se necesita un órgano realmente autónomo que gestione el registro, vigile el cumplimiento de las obligaciones de transparencia e imponga sanciones, como ocurre en Francia o Canadá».
Por último, Newsline aboga por fomentar que la práctica del lobby se mida por «criterios de independencia, rigor y legitimidad, más que por el acceso a agendas políticas». «Esto implica impulsar estándares profesionales y códigos de conducta que refuercen la credibilidad del sector», añaden.
Los expertos resaltan que países como Canadá, Francia, Estados Unidos y Alemania son grandes referentes en este ámbito, y en el informe exponen ejemplos a seguir.
“La ausencia de regulación ha permitido que en España expolíticos y exasesores pasen directamente a influir en los mismos sectores que regulaban o supervisaban, sin periodos de incompatibilidad ni controles efectivos. No es casual que las consultoras y agencias que más incorporan perfiles procedentes de la política sean también las que declaran ingresos récord, distorsionando el mercado y erosionando la confianza pública», advierte Jacobo Ramos Folch, responsable de Asuntos Públicos en Newsline.
