Mauricio Fernández: Concurso de RTVE: epitafio de una gran oportunidad pérdida

El camino hacia la ansiada renovación del consejo de administración de RTVE toca a su fin. Y lo hace de la peor manera posible, saltándose las reglas del juego democrático para convertirse en un nuevo enjuague de nuestra clase política. La decisión de nombrar a los próximos directivos del Ente Público recaerá nuevamente en los partidos políticos. Ahora empieza el tocomocho y el mercadeo de los asientos del consejo y de la ansiada presidencia. Los grupos tienen claro quiénes son sus periodistas favoritos e intentarán que salgan elegidos mediante extrañas alianzas y compañeros de viaje. Todo vale. El concurso público, que aspiraba a imprimir criterios profesionales a la selección, ha pasado a mejor vida. Nuevamente de reojo nos volverán a mirar todos esos países de nuestro entorno que eligen a sus representantes en medios de comunicación estatales a través de objetivos concursos públicos. Qué gran oportunidad pérdida.

En un trámite puramente superficial y de cara a la galería, los candidatos apenas tuvieron 10 minutos cada uno para exponer sus propuestas sobre su modelo de gestión de RTVE. Plantearon sus ideas de financiación de la radio y la televisión estatal, el hipotético retorno de la publicidad, los planes sobre la externalización de contenidos, la transformación digital, la transparencia en la gestión e incluso tuvieron tiempo para contestar a las preguntas de los señores parlamentarios. Vamos, un auténtico ejercicio de cinismo elevado a su máxima expresión. Lo lamento sinceramente por todos aquellos candidatos que se han prestado de buena fe creyendo que imperaban criterios profesionales en vez de los propios del juego político de las sillas vacías que ahora se pondrán en marcha. El pescado ya estaba vendido y las cartas de la baraja marcadas.

«Atrás habrá quedado una propuesta que podría haber marcado un antes y un después en la historia de la renovación de los cargos directivos de las televisiones públicas»

Ahora la suerte está echada; bueno, estaba echada hace mucho, como algunos habíamos previsto incluso cuando nos propusieron participar como expertos en el concurso. Hace unos días, la Comisión Consultiva de Nombramientos, presidida por la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, ha declarado idóneos a los 87 candidatos que desde el 13 de enero han venido defendido sus proyectos ante los grupos parlamentarios para ocupar una de las 10 plazas en disputa. Y seguimos con el teatrillo. Tras esta ronda, el pleno del Congreso elegirá a seis consejeros por mayoría de dos tercios, mientras que el Senado designará a cuatro. Y de todos ellos, la Cámara baja nombrará al presidente de la corporación. Y de esta manera tan singular y predecible, se pondrá fin al largo periodo de interinidad protagonizado por Rosa María Mateo, nombrada administradora provisional única de RTVE nada más y nada menos que en julio de 2018. De la valoración de su gestión casi mejor lo dejamos para otro artículo.

Atrás habrá quedado una propuesta que podría haber marcado un antes y un después en la historia de la renovación de los cargos directivos de las televisiones públicas, y no hablamos solamente de RTVE, pues el concurso público podía haberse extrapolado a cualquier otro ente oficial. Más de tres años después de haberse modificado por unanimidad de todos los grupos parlamentarios la ley que regulaba la radio y televisión pública “para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos” (Ley 5/2017), para elegir por concurso público el Consejo de Administración y la Presidencia de RTVE, la cacicada política está a punto de consumarse.

Como miembro de ese Comité de Expertos que trabajó de forma gratuita y desinteresadamente en la sede del Congreso de los Diputados desde ese inolvidable 30 de julio al 10 de diciembre de 2018, por encargo de esa misma Comisión Mixta de control parlamentario de RTVE que ahora comete este atropello democrático, simplemente pretendo con estas líneas explicar y poner en valor el gran trabajo que se hizo para seleccionar a los 20 candidatos que finalmente fueron elegidos entre las 95 candidaturas iniciales. Y la mejor manera posible, y como homenaje al resto de compañeros que intervenimos en ese proceso, termino con la carta que muchos de nosotros firmamos y enviamos a las Presidentas del Congreso y del Senado, a la Comisión Mixta de control de la Corporación RTVE y a los portavoces de los grupos parlamentarios que apoyaron la constitución del Comité de Expertos sobre RTVE, y que mejor refleja nuestro sentir y desmiente punto a punto los arbitrarios argumentos supuestamente jurídicos que enterraron este hito democrático:

1º.-El Comité de Expertos propuesto por todo al abanico parlamentario de 2018, trabajó de forma altruista durante seis meses y siete reuniones plenarias en el Congreso de los Diputados, para evaluar los currículos y los proyectos de gestión de un centenar de candidatos, siendo asistido en sus trabajos con especial excelencia por la letrada de esta cámara, Sra. Da. Clara Garrido y, en sus dos últimas reuniones por el Sr. D. Ignacio Carbajal. El entonces Presidente de la Comisión Mixta asistió también a sus sesiones inicial y final, elogiando públicamente la labor del Comité y el consenso general que había demostrado. Nadie más desde las instancias oficiales agradeció nuestra tarea hasta hoy, pero tampoco la contestó.

2º.-Casi dos años después, tras los aplazamientos provocados por las dobles elecciones generales y por el estado de alarma, estos letrados son dejados de lado y otros procedentes del Senado, que parecen desconocer absolutamente los antecedentes del asunto hasta el punto de volver a pedir actas ya entregadas, argumentan con criterios contradictorios la Ley 17/2006 de reforma de RTVE y la resolución de las mesas de las cámaras de 10 de Julio de 2018 para intentar destruir todos los resultados del Comité de Expertos.

Ignoran así sorprendentemente las disposiciones transitorias de la ley 5/2017, aprobada por amplia mayoría del Congreso y titulada precisamente “para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos”, que exigen su nombramiento por mayoría reforzada de dos tercios y, previamente, la “selección por concurso público con la participación de un comité de expertos” que “hará públicos sus informes de evaluación”. Asimismo, se olvida la resolución de las mesas del Congreso y Senado (10 -7-2018) que estableció que el Comité de Expertos “emitirá el informe de evaluación de la idoneidad de los solicitantes, junto con una relación de los mismos en función de la puntuación obtenida“, con informes individuales y motivados.

El concurso público, que aspiraba a imprimir criterios profesionales a la selección, ha pasado a mejor vida.

3º.-El Comité al que pertenecimos hizo públicas oficialmente todas sus decisiones en el Boletín de las Cortes y en el BOE: sus baremos precisos y su decisión de considerar “idóneos” a los 20 candidatos que obtuvieran las mejores calificaciones, siempre que superaran los 65 puntos sobre 100 (BOE de 17 de Agosto de 2018); sus actas de decisiones al Parlamento, y sus resoluciones finales e informes detallados (BOE de 18 de Diciembre de 2018). Sin que ninguna instancia oficial, ni la Comisión Mixta, ni las mesas del Congreso o del Senado y sus asesores letrados plantearan objeción alguna, ya que el Comité siguió en todo momento el consejo y criterios que les fueron sugeridos por los propios letrados de las Cortes Generales.

4º.- Se utiliza asimismo la presencia minoritaria de las mujeres en la lista de idoneidad reconocida para instar a la anulación total del concurso, cuando el Comité no dispuso nunca de instrumentos legales que le permitieran discriminar sus puntuaciones ante una minoría de candidatas presentadas, pese a lo cual valoró positivamente a cuatro aspirantes que hubieran podido cubrir el 40 % legal, de no ser por el sentido fallecimiento posterior de la Sra. Alicia Gómez Montano. En todo caso, resulta llamativo que el dictamen de letrados del Senado ni siquiera cite la posibilidad, abierta legalmente por la resolución de las mesas (punto 5, 10 de Julio de 2018), de una segunda elección complementaria, previo concurso, “si quedan vacantes”, en este caso femeninas. Y que argumente este tema para apuntalar su propuesta de derribar todas las actuaciones del Comité de Expertos, que entendemos no se sustenta jurídicamente y que supondría una grave vulneración del marco normativo sobre el que se desarrollaron los trabajos de selección por parte del Comité.

5º.-La sospecha lógica más grave es que ahora, bajo un supuesto dictamen jurídico aparentemente técnico pero que coincide con lobbies e intereses conocidos, se vuelve a poner palos en las ruedas de la reforma democrática de RTVE, instando a una regresión hacia los prolongados y endémicos procesos que caracterizaron en España la gestión y el control de RTVE, marcados por las cuotas de militantes partidistas por encima de sus conocimientos, sus méritos y su adecuación a los puestos concretos que, en el caso, de la radiotelevisión pública han provocado durante décadas gestiones desastrosas y déficits notables de independencia y de prestigio. Porque como concluíamos en nuestras “recomendaciones” finales como Comité, el concurso era una “buena fórmula para evitar la discrecionalidad del Ejecutivo y las mayorías parlamentarias absolutas, y lograr que los nombramientos se realicen solamente por criterios de profesionalidad y garantía de buen gobierno”. Una apreciación que estos dos últimos años transcurridos no han hecho más que acentuar.

6º.-En efecto, el desprecio por los principales avances de la legislación española de 2006 y 2017-18 resulta particularmente grave en la actual situación de RTVE, marcada por dos años de dirección “provisional”, que por primera vez en su historia democrática carece incluso de un marco legal estable y de todo organismo de control interno (Consejo de Administración), y parece aquejada por una grave crisis interna y una caída acusada de sus audiencias que amenazan su peso social y hasta su propia supervivencia. De forma que la ignorancia del concurso público, y los drásticos cambios legales de fondo que exigiría esa contrarreforma, podría significar el fin de toda esperanza sobre su esencial función democrática en nuestra sociedad.

Mauricio Fernández es periodista con más de 35 años de actividad profesional a sus espaldas y participó como experto en el concurso público para elegir a los miembros del próximo Consejo de Administración y la Presidencia de RTVE.