California aprueba la normativa de privacidad de datos que cambia el escenario para los medios

| 6 NOVIEMBRE 2020 | ACTUALIZADO: 6 NOVIEMBRE 2020 12:44

La jornada electoral en la que los estadounidenses estaban llamados a escoger a su nuevo presidente invitaba a los ciudadanos a pronunciarse sobre distintas normas locales. La más relevante de cara a los medios era la llamada Proposición 24 que se sometía a votación en California, cuya aprobación implica un nuevo marco legal para la recogida de datos por parte de servicios en internet.

En concreto la California Privacy Rights and Enforcement Act (CPRA) reemplazará a la California Consumer Privacy Act (CCPA) con su entrada en vigor el 1 de enero de 2023, pero ya afectará a los datos que se puedan haber captado a partir de 1 de enero del año anterior. La nueva normativa da a los consumidores la capacidad de restringir la cesión de sus datos, lo que supone un cambio respecto a la CCPA. La legislación que va a decaer hablaba de venta y no dejaba claro el contexto, de forma que no todos los editores operaban de la misma forma para cumplir con ella. Ahora todos ellos tendrán que mostrar de forma clara un acceso en sus propiedades que permita a los usuarios indicar que no dan permiso para que su información se venda o comparta.

Sobre eso la ley hace una clara referencia a la “publicidad conductual en contextos cruzados”, así como habla de “contratistas” o “proveedores de servicio” para extender su influencia a los diferentes actores de la cadena publicitaria. En el texto se puede leer también una definición más concreta de “información personal sensible” en base a categorías más amplias de información, que van desde la orientación sexual a la localización. Los consumidores podrán determinar cuánta ceden y cómo la usan las empresas a las que dan permiso para utilizarla.

Para garantizar el cumplimiento de esta nueva normativa se crea un nuevo organismo, la Agencia de Protección de la Privacidad de California. Tendrá potestad para multar a las empresas con entre 2.500 y 7.500 dólares por incumplimiento, en función de su gravedad. Este nuevo estándar coloca al estado que acoge a varios de los gigantes de internet muy por delante del resto del territorio de EEUU en cuanto a protección de privacidad. Queda por ver cómo influye en una eventual legislación federal que podría formar parte del debate regulatorio en torno a las plataformas en el nuevo ciclo político del país.