El presidente francés, Emmanuel Macron; y el de Facebook, Mark Zuckerberg.Francia rechaza la ley que obligaría a las plataformas a retirar contenido punible en 24 horas
La guerra contra la desinformación y los abusos en redes sociales decretada por Macron se ha encontrado con los límites legales de la instancia jurídica francesa más elevada. El Consejo Constitucional considera que parte del borrador de la ley que obligaría a las plataformas a retirar contenido dañino en 24 horas interfiere directamente con la libertad de expresión, y por tanto no se ajusta al marco de derechos establecido por la Quinta República.
En concreto el razonamiento del máximo intérprete de la Constitución sostiene que “esas medidas socavan el ejercicio de la libertad de expresión y comunicación de manera innecesaria, inapropiada y desproporcionada”. El texto rechazado daba a la administración el poder de decisión sobre la idoneidad de los contenidos de los servicios afectados sin el concurso de un juez, lo que para algunos colectivos suponía de hecho una base para eventual censura indiscriminada de Estado. Según esos grupos, la vaguedad de ese borrador a la hora de definir qué contenido sería ilegal resultaba problemática a futuro y dejaba un margen peligroso de arbitrariedad.
Por otro lado, el Consejo Constitucional invalida en su dictamen el plazo de 24 horas que fija el borrador como límite para la retirada de esas publicaciones. Considera que es un espacio de tiempo demasiado corto, sobre todo teniendo en cuenta que las plataformas se exponían a multas de hasta el 4% de sus ingresos mundiales si no lo cumplían. Estos factores serían negativos para la libertad de expresión en la medida en que estas empresas acabarían eliminando más contenido del necesario para evitarse posibles riesgos, según este tribunal.
Este controvertido proyecto legislativo había sido lanzado a principios de 2019 por la diputada Laetitia Alvia y desde el primer momento fue cuestionado. Pese a todo, se esperaba su entrada en vigor el 1 de julio. Nació inspirada en la ley alemana NetzDG, aprobada en enero de 2018, que tiene como puntos fuertes precisamente los que ahora han sido rechazados en Francia.
El Consejo Constitucional es paso obligado para las propuestas legales aprobadas por el Parlamento francés. Solo después de que este órgano certifique que su articulado respeta los derechos y libertades reflejados en la Constitución pueden pasar a ser firmadas y promulgadas por el presidente de la República Francesa.
