Francia propone otorgar a los jueces la facultad de retirar noticias falsas en periodo de elecciones
Legislar el problema de las noticias falsas sin cercar la libertad de expresión requiere de un equilibrio extremadamente frágil. Este es, sin ir más lejos, el desafío al que se expone Francia en su propósito de liderar la campaña contra las operaciones de desinformación que buscan desestabilizar la «vida democrática».
El mandatario francés, Enmanuel Macron, propuso en los primeros días de enero un proyecto de ley para luchar contra las fake news, como las que se propagaron por los cuatro costados del país durante las elecciones presidenciales. Semanas después del anuncio, recibido con escepticismo por parte de la prensa gala, el Parlamento ya tiene listo el primer borrador.
El proyecto de ley arranca de una forma sumamente expeditiva al exponer que si bien ya existe una normativa en el derecho francés para luchar contra las noticias falsas, «no es suficiente para permitir la eliminación rápida de contenido en línea a fin de evitar su propagación o reaparición». Tras lo cual, propone tres ejes de reforma a fin de «frustrar» eventuales operaciones de desinformación en próximas campañas electorales.
Aunque el texto reconoce la necesidad de preservar la libertad de expresión, una de las medidas plantea facultar a los jueces para poner en marcha un procedimiento de urgencia en periodo de elecciones, ya sean presidenciales, legislativas o europeas. Y, de esta forma, poder retirar de la red páginas o cuentas de redes sociales en un plazo de 48 horas.
Según expone el documento, el juez podrá actuar a petición de un cargo del Ministerio Público o por «cualquier persona que tenga el interés de actuar» contra la difusión de fake news. Las restricciones a estas medidas serían, en todo caso, subjetivas. El magistrado debe, en primer lugar, estar seguro de que el objeto de la acción es una noticia falsa -sin que exista una definición precisa del concepto-.
Se evaluará además si la supresión de ese contenido «puede alterar la sinceridad de la votación», o si ha sido divulgada «artificial y masivamente» por redes sociales mediante el uso de publicidad pagada, por ejemplo.
Más allá de este polémico punto, susceptible en cualquier caso de modificaciones, el proyecto de ley también establece que las redes sociales, las plataformas y los prestadores de servicios de Internet en general tengan el «deber de cooperar» con el poder público, ofreciendo los usuarios un mecanismo para denunciar informaciones falsas.
También tendrán que «informar prontamente a las autoridades públicas competentes de cualquier actividad de divulgación de la información falsa que les sea relatada». Durante un período electoral, todas las plataformas deberán proporcionar información «clara, justa y transparente» en el caso de los contenidos pagados. Por último, tendrán la obligación de revelar la identidad del pagador o el patrocinador y el valor percibido.
