Así es la ley de publicidad que propone Ciudadanos en Madrid
El pasado mes de marzo Ciudadanos registró en la Asamblea de Madrid una proposición de Ley de Publicidad y Comunicación institucional, con la que pretende evitar ’el autobombo’ que considera que hubo en el Gobierno regional de Esperanza Aguirre e Ignacio González. Durante su presentación, Ignacio Aguado, el portavoz del grupo parlamentario, ya destacó la importancia de “abordarlo cuanto antes para evitar situaciones de campañas institucionales de la Comunidad sufragadas con dinero de todos los madrileños y que tengan objetivos propagandísticos”.
Un mes después, la propuesta de ley todavía está pendiente de ser aprobada por el Consejo del Gobierno regional. No obstante, lo previsible es que una vez en el pleno de la Asamblea salga adelante gracias el apoyo del grupo parlamentario popular, que aunque por un lado considera que no va a cambiar la forma de trabajar ni de comunicar en este aspecto, por otro ve con buenos que se regule la actividad institucional.
El texto actual, cuya redacción se contemplaba entre los compromisos electorales de Ciudadanos, se centra en regular las campañas de publicidad y comunicación contratadas o promovidas por la administración de la Comunidad de Madrid. En palabras de Ricardo Mejías, su impulsor, “esta ley lo que intenta es impulsar la transparencia en todos los órdenes publicitarios”. La propuesta establece varios puntos importantes a este respecto:
El texto propone la creación de una Comisión integrada por miembros de Autocontrol
En primer lugar propone la creación de una Comisión de publicidad y comunicación institucional que revise la planificación y ejecución de las campañas que lleven el sello de la Comunidad de Madrid. Estará compuesta por once miembros elegidos por reglamento, en la que habrá un representante de cada grupo parlamentario con representación en las Asamblea de Madrid.
Según cuenta Mejías a DIRCOMFIDENCIAL, el resto serán profesionales de la actividad publicitaria y del sector académico. “Los miembros parlamentarios ocuparán un mandato de tres años y los profesionales procederán de organismos como la asociación Autocontrol o de centros universitarios, donde hay docentes con perfiles muy válidos».
Esta comisión deberá elaborar un plan anual de publicidad y comunicación que incluya todos las campañas proyectadas por la Comunidad de Madrid. “Sería la hoja de ruta para que no haya opacidad, todo tiene que estar incluido”, comenta Mejías. Así, en el plan deberá darse detalle del coste previsto para la campaña, el objetivo de su mensaje y el periodo de contratación.
El plan también especificará el coste de la planificación de medios y soportes, que en ocasiones ha superado el coste medio de campañas a nivel nacional. Así, desde Ciudadanos exponen que entre los años 2008 y 2011 el Gobierno regional de Madrid destinó alrededor de 220 millones de euros a campañas publicitarias, frente a los 378 millones gastados por el Estado en ese mismo periodo.
Transparencia en las convocatorias de publicidad
Vigilar y comprobar que los contratos publicitarios se adjudiquen en base a criterios de libre concurrencia entre las agencias. Es otro de los puntos que incluye la ley de publicidad presentada por Ciudadanos, cuya relevancia es remarcada por Mejías. “se debe respetar la igualdad y la libre concurrencia en las convocatorias del Gobierno de Madrid, que a día de hoy son bastante enrevesadas. Es necesaria la publicación de las adjudicaciones de los contratos y de las empresas elegidas”.
Para evitar las campañas de ‘autobombo’ advertidas por Ciudadanos en los últimos años, la propuesta prohíbe cualquier tipo de comunicación que persiga destacar los logros del gobierno de turno. En este sentido, tampoco permitirá que se realicen campañas institucionales en periodos electorales, desde el día en que se haga pública la convocatoria hasta la votación.
De aprobarse, la ley también afectaría a todos el ámbito de la Comunidad de Madrid, donde también se incluyen las entidades locales, desde los ayuntamientos y corporaciones hasta las empresas públicas. Ahora bien, no tendrán que cumplir con todos los puntos del texto. “El ámbito local tendrá que acogerse en lo dispuesto pero no tiene la obligación de aparecer en el plan anual porque sería muy complicado”, indica Mejías.
