Desde 2023 los padres franceses han podido consentir que sus hijos menores de 15 años abrieran una cuenta en redes sociales. Pero un proyecto de ley que empezará a tramitarse a principios del recién comenzado 2026 prevé convertir ese permiso en una prohibición expresa para quienes no superen esa edad.
Ese es el artículo más relevante del texto que se debatirá en las próximas semanas en la Asamblea Nacional a instancias del Gobierno, que solo consta de dos apartados. El otro establece la extensión a centros de bachillerato de la prohibición de móviles actualmente vigente en escuelas de primaria.
Ambas cuestiones son prioritarias para el Ejecutivo francés, según declaró hace algunas semanas la ministra de desarrollo digital Anne Le Hénannff a Le Parisien. El presidente Emmanuel Macron confirmó por las mismas fechas en un debate público en Saint Malo que impulsaría un veto de acceso a redes sociales para los más jóvenes y que había «un consenso en formación».
En esa misma misma alocución explicó que considera necesario hacerlo porque «cuanto más tiempo de pantalla hay, más desciende el rendimiento en la escuela» o «cuanto más tiempo de pantalla hay, más aumentan los problemas de salud mental». Esos y otros riesgos están detrás de la iniciativa pionera de Australia, que desde diciembre no permite el acceso a plataformas a más de dos millones de menores de 16 años.
Ese ejemplo ha estimulado el debate en países de todo el mundo y Francia es solo uno de los que pretende seguirlo en Europa. Durante este año Dinamarca también aspira a introducir la misma prohibición para menores de 15 años, edad a la que el Gobierno noruego quiere elevar el límite mínimo de acceso desde los 13 actuales.
Además el Parlamento Europeo ha pedido el veto en plataformas para menores de 16 años sin consentimiento. La Cámara apoya las conclusiones del informe elaborado por la la diputada danesa socialdemócrata Christel Schaldemose sobre sus efectos perniciosos y ahora queda por ver el recorrido del debate con los estados miembro y la Comisión Europea. Su presidenta Ursula von der Leyen ha asegurado que está pendiente de lo que sucede en Australia.
En el caso de Francia el objetivo es que la eventual ley entre en vigor a la vuelta del verano de este mismo año, lo que obligaría a las plataformas a reforzar los métodos de verificación de edad que ya contemplaba la normativa vigente desde 2023. De no hacerlo podrían exponerse a multas millonarias, que la legislación en vigor fija en hasta el 1% de la facturación mundial.
