La industria publicitaria de EEUU se revuelve contra las restricciones del nuevo proyecto de ley sobre protección de datos
En abril se puso en marcha por primera vez el proceso de debate en el Congreso de EEUU sobre eventual una ley federal de protección de datos, denominada American Privacy Rights Act (APRA).
Desde entonces, la industria publicitaria nacional está haciendo lo posible para obtener términos más favorables ante un escenario problemático de partida, especialmente tras la última revisión del texto. En ella se incluye la prohibición directa de la publicidad basada en comportamiento o la posibilidad de que los internautas decidan no recibir anuncios personalizados.
La respuesta del sector viene articulada en parte en la carta enviada por el consejero delegado de la Asociación Nacional de Anunciantes (ANA), Bob Liodice, y la consejera delegada de la Asociación Americana de Agencias de Publicidad (4A’s), Marla Kaplowitz, a los impulsores del proyecto de ley.
En ella indican que los actuales términos del texto “destriparían la industria publicitaria moderna” e impondrían un “régimen extremo anticonsumidor, antipublicidad y antiprivacidad de datos”.
Los firmantes consideran también que el actual redactado incumpliría la Constitución en la medida en que las prohibiciones y restricciones que propone violarían la Primera Enmienda. En concreto, le atribuyen la capacidad de obstaculizar “el discurso que los negocios tienen derecho a realizar y los consumidores tienen derecho a recibir”.
Ambas organizaciones forman parte de Privacy for America, un conjunto de compañías y asociaciones que ha impulsado la adopción de una ley federal sobre protección de datos para facilitar la operativa en un contexto actual de varias normativas estatales.
Ese colectivo se ha dirigido igualmente por carta a los congresistas a los promotores de la iniciativa para mostrar su “fuerte oposición” porque “obstaculizaría de manera significativa” la participación individual en proyectos sin ánimo de lucro en términos de donaciones o participación. Y también cree que dispararía los costes de estudios de mercado.
Los grandes actores del sector protestan ante los promotores de la iniciativa por una nueva versión del texto aún más prohibitiva que las anteriores.
Esas quejas topan con la postura de quienes apoyan estas restricciones porque consideran que garantizan la protección de los consumidores y la seguridad de los menores ante las grandes compañías tecnológicas, una postura sobre todo prevalente entre las filas republicanas. En todo caso APRA cuenta también con el aval de miembros demócratas, y de hecho la iniciativa viene impulsada por la senadora demócrata Maria Cantwell y la miembro republicano de la Cámara de Representantes Cathy McMorris Rodgers. Tanto una como otra presiden los respectivos comités sobre comercio de cada una de las instancias del Congreso.
La introducción de esta nueva legislación no estará exenta de problemas, más allá de los choques con la industria. Algunos expertos legales anticipan que habrá conflictos legales de competencias con las normativas ya aprobadas por algunos estados en torno a la recolección de datos y su uso, la última de ellas en Maryland. Pero precisamente la tendencia creciente a que los estados creen legislación de ese tipo en ausencia de un marco federal está complicando la actividad de los planificadores con regulaciones desiguales entre territorios.
Eso es algo que la Unión Europea está homogeneizando a través de la sucesiva aprobación del Reglamento General de Protección de datos o las directivas de Mercados Digitales o Servicios Digitales. En todos esos casos el objetivo es sobre todo controlar a los grandes gigantes tecnológicos de EEUU, que ahora operan en el territorio comunitario de manera mucho más restrictiva que en su mercado natal.
