Anunciantes, agencias y medios piden al Gobierno una moratoria de las restricciones publicitarias aprobadas
La industria publicitaria española se ha sumado a un movimiento a escala europea surgido para concienciar a los gobiernos en un contexto de preocupación por las crecientes iniciativas públicas destinadas a restringir la actividad publicitaria.
En España, la Asociación Española de anunciantes (aea) ha coordinado el envío de una carta a la Administración que firman tres entidades europeas: la Asociación Europea de Agencias de Comunicación (EACA), la Federación Mundial de Anunciantes (WFA) y el Grupo Europeo de la Publicidad en Televisión (EGTA) y que está apoyada tanto por la aea como por otras asociaciones pertenecientes asimismo a la Comisión de Industria Publicitaria (CIP) -formada por agencias, medios y anunciantes- y por Uteca.
La carta se remitió el pasado 4 de febrero a Carmen Calvo, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; a Nadia Calviño, ministra para los Asuntos Económicos y Transformación Digital, y a Alberto Garzón, ministro de Consumo.
A través de este movimiento surgido en Europa y que integra a asociaciones de anunciantes, agencias y medios se ha expresado la preocupación por un «discurso político cada vez más negativo contra la publicidad», acompañado de un «creciente número de iniciativas dirigidas a restringirla, también en España», explica la asociación que representa a los anunciantes en España.
Hay que recordar que en nuestro país se acaba aprobar la severa limitación a la publicidad de las casas de apuestas online, lo que va a generar un quebranto económico importante a toda la cadena de valor de la industria de la comunicación.
En la carta remitida al Gobierno, los firmantes ratifican el objetivo común de ayudar a reconstruir la economía española y los medios de subsistencia de la población tras la crisis social y económica sin precedentes creada por la pandemia COVID-19. Y, dado todo lo que la publicidad supone para la economía, la sociedad y los consumidores, consideran necesario que la Administración le otorgue tal valor.
Según los datos económicos que se aportan en la carta, tal y como se señala desde el Observatorio de la Publicidad en España 2020, este sector generó un volumen de negocio de 18.700 millones de euros de inversión en medios en 2018, representando el 1,3% del PIB español y el 3,5% del volumen de todo el sector de servicios del país. Esta actividad económica es producida en España por más de 40.000 empresas, con más de 100.000 personas empleadas en el sector y solo en 2019 se crearon 2.000 nuevas compañías. Entre otros datos aportados por diferentes estudios, el de la consultora Deloitte evidencia también el efecto impulsor que produce la publicidad en la aceleración de la economía.
Asimismo, la misiva pone en valor que la publicidad representa en este país el 75% y el 40% de los ingresos de la radio y la televisión respectivamente, beneficiándose los consumidores de los medios de comunicación y de los servicios de Internet gratuito. Igualmente, sostienen los firmantes que la publicidad financia gran parte de la escena cultural española y del entretenimiento.
También es necesario destacar -señala la carta- que la publicidad puede ser mayor garante de la pluralidad de los medios de comunicación, fundamental para las libertades democráticas.
La industria publicitaria española se ha sumado a un movimiento a escala europea surgido para concienciar a los gobiernos en un contexto de preocupación por las crecientes iniciativas públicas destinadas a restringir la actividad publicitaria.
Por todo ello, y sustentados por un sistema de propia autorregulación como es Autocontrol en España, estas asociaciones solicitan que se considere una moratoria sobre las nuevas restricciones a la publicidad para asegurar que se evalúa plenamente el impacto general y de consecuencias no deseadas de cualquier nueva norma, especialmente a la luz de la importante reforma iniciada por la Comisión Europea con el lanzamiento de la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercado Digital.
En este sentido, sería prudente -dicen los firmantes- que el marco regulatorio español fuera comparable al de otros Estados miembros de la UE, para no quedar rezagados en términos de competitividad en el mercado global.
