CEDRO negocia con las agencias de comunicación una licencia de uso de prensa digital
Aproximadamente el 77% de las empresas e instituciones españolas comparte libremente copias de artículos de prensa digital dentro de las propias organizaciones. Una práctica de lo más naturalizada que tiene los días contados tal y como se conoce en la actualidad, ya que la última modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobada en marzo de 2019, obliga a regular el uso interno que se hace de periódicos y revistas.
El artículo concreto que recoge esta nueva norma es el 32.1, que confirma la necesidad de pedir autorización a los titulares de derechos de las publicaciones para «la reproducción, distribución o comunicación pública, total o parcial, de artículos periodísticos aislados en un dossier de prensa». Y la entidad encargada de velar por su cumplimiento es CEDRO (el Centro Español de Derechos Reprográficos).
Este organismo ha puesto en marcha varias campañas informando del cambio normativo en colaboración con la Asociación de Medios de Información (AMI), la Asociación de Revistas de Información (ARI) y la Asociación de Prensa Profesional y Contenidos Multimedia (ConeQtia). Algunas con un especial énfasis en las agencias de comunicación y colegios de abogados, que recopilan artículos periodísticos para su actividad del día a día.
Concretamente muchas agencias ofrecen a sus clientes el servicio de clipping, en la mayoría de las ocasiones subcontratado a una empresa de seguimiento de medios. «Este tipo de utilización, que también requiere la autorización de los titulares de derechos, es sobre la que estamos informando a este sector, con el fin de que trabajen con la seguridad jurídica necesaria y ofrezcan a sus clientes un servicio de calidad», indican desde CEDRO. «A los colegios de abogados les recordamos que si hacen llegar artículos a sus colegiados, para hacerlo legalmente, tienen que disponer del permiso correspondiente».
Ahora bien, esta autorización se traduce en la concesión de una licencia de derechos de autor que es independiente a la de la elaboración de revistas de prensa (clipping). La simple mención de un permiso ha puesto en alerta a todas las organizaciones, públicas y privadas, susceptibles de requerirlo. Aunque sólo sea porque el punto número dos del citado artículo 32, más conocido por su apodo de canon AEDE, hace temer el cobro de una tarifa que depende del numero de usuarios a los que se distribuye la información.
Fuentes del sector de las agencias ponen de manifiesto en este sentido que, aunque la intención es contribuir a la remuneración de los derechos de autor, durante las últimas semanas han mantenido un profundo debate sobre la fórmula de cumplir con la normativa. Preguntada por esta cuestión, que ha generado importantes dudas en el seno de grandes firmas, desde ADECEC (la Asociación de Empresas Consultoras en Relaciones Públicas y Comunicación) declaran que «es fundamental que se conozca y se entienda el trabajo que los profesionales de nuestras empresas asociadas realizan con sus diferentes clientes, trabajo que debe ser protegido de igual manera que la de cualquier otro autor».
Dudas que disipan en Cedro al señalar como, en el caso concreto de las agencias, se ha establecido una tarifa de 36 euros al año por cada empleado con acceso a material protegido. Para hacerse una idea, las grandes consultoras de comunicación suelen tener un equipo de alrededor de veinte personas dedicado a esta labor. «La solución que vimos, y es sencilla, fue proponer que tengan una licencia por los empleados que ‘manipulan’ los contenidos», expone en declaraciones a este medio Jorge Corrales, director general de CEDRO.
En el caso concreto de las agencias se ha establecido una tarifa de 36 euros al año por cada empleado con acceso a material protegido.
Ahora bien, la nueva normativa aplica a todas las empresas, que también deben contar con esta licencia. Y aquí el método de cálculo se ha fijado en función del número de personas con acceso a la información de prensa. Es decir, que si una organización tiene 1.000 trabajadores pero sólo el equipo directivo accede a los resúmenes, deberá pagar por el uso que hacen estos últimos. «En muchos eslabones todavía no hemos tenido a oportunidad de explicarlo. Nos gustaría trabajar más codo con codo con las agencias y con el resto de implicados de la cadena», manifiesta Corrales al respecto.
«Hace ya algunos meses empezamos a trabajar para informar a las empresas de esta nueva realidad, porque no estaba tan claro. Estamos teniendo mucho cuidado en el argumentario que se utiliza», explica Corrales, director general de CEDRO. Prueba de ello es que se están coordinando todas las acciones a través de un equipo de telemarketing ad hoc que lleva cerrados más de 140 acuerdos con todo tipo de organizaciones en lo que va de año.
Pero aunque el objetivo es conseguirlo por la vía del diálogo y la información, no descartan «utilizar el resto de las herramientas que nos faculta la Ley de Propiedad Intelectual, a pesar de que ello puede ser altamente complicado por desarrollarse la actividad en redes cerradas». Aún así, inciden en que CEDRO no persigue un afán confiscatorio, sino reducir el nivel de piratería de prensa. Según su último observatorio, el sector de los periódicos pone de manifiesto que el 23 % de los consultados declaró consumir el pasado año periódicos en formato digital de manera ilícita y el lucro cesante que esta práctica generó al sector alcanzó 287 millones de euros
«Desde que hemos iniciado la campaña, sabemos que, en gran parte de los casos en los que los directores de comunicación o marketing que quieren que sus organizaciones actúen dentro del marco legal, reducir riesgos en materia de propiedad intelectual y apoyar el periodismo de calidad están obteniendo la licencia que necesitan para hacerlo de una forma segura. En estos meses de trabajo nos estamos encontrando un colectivo bastante sensible, aunque, como siempre, hay excepciones», concluye Corrales.
