Cerco regional a los anuncios sexuales ante la falta de iniciativa del Gobierno
Las dificultades de la prensa escrita en España para hacer frente a la crisis de modelo no han terminado con una de sus prácticas más censuradas: los anuncios de carácter sexual. Un contenido publicitario de dudosa ética y en merma por el que los diarios españoles ingresaban más de 40 millones de euros anuales en 2007.
Esta cifra no es oficial, sino que procede de las últimas estimaciones de negocio, realizadas por una comisión parlamentaria hace más de una década. Según los datos recogidos por esta comisión, por aquel entonces El País ganaba 5 millones de euros anuales por la publicación de anuncios de prostitución, una facturación ligeramente superior a la de El Mundo pero inferior a los 10 millones que recibía ABC.
Aunque estas cifras forman parte del pasado, el debate sobre el fin de esta publicidad en prensa continúa muy vivo. En parte porque en los últimos años se ha hecho con un espacio mayor en Internet. Diarios como la Gaceta, Público, 20 Minutos, El País, La Razón o más recientemente el Diario de Mallorca, dejaron de publicar anuncios de contactos por decisión propia, pero hace tiempo que se vienen exigiendo medidas gubernamentales para su prohibición.
Empezando por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), para la que resulta «inadmisible» que los medios se lucren con anuncios que “convierten a la mujer en mercancía”, pero pasando también por el Gobierno central. De hecho el Consejo de Estado se planteó eliminar este contenido ante la escasa autorregulación. Creía necesario aprobar una norma con rango de ley «expresada por las Cortes Generales y por el Gobierno» que quede incluida dentro de la Ley General de Publicidad.
El Consejo de Estado se planteó eliminar este contenido ante la escasa autorregulación
No obstante, las únicas medidas adoptadas hasta la fecha han surgido a nivel regional. La forma más efectiva que han encontrado los gobiernos autonómicos ha sido recurrir a las ayudas económicas. Madrid y Andalucía impidieron en su día cualquier forma de financiación pública, ya sea a través de subvenciones, contratación o publicidad, en aquellos medios que publican anuncios de carácter sexual.
Una prohibición a la que buscan sumarse próximamente Asturias y Castilla y León. La comisión de igualdad de las cortes castellanas ha aprobado este martes una propuesta socialista con la que instan a la Junta para que cierre el grifo de dinero público a los medios que no suscriban el compromiso de poner fin a estos anuncios.
«Desde el más absoluto respeto a la línea editorial de cada medio, el gobierno de Castilla y León debe buscar el consenso necesario y apostar por contenidos publicitarios sujetos al principio de igualdad y evitar que en los medios de comunicación aparezcan anuncios de cualquier forma de prostitución, cubierta o encubierta», ha apuntado el portavoz socialista en Igualdad, Luis Fernández.
