James Uthmeier, fiscal general de Florida, ha presentado una demanda contra Netflix en la que le acusa de emplear datos de usuarios para su explotación publicitaria que estuvo acumulando durante los años en los que no servía anuncios. Según explica, el gigante del streaming habría construido un vasto conjunto de información bajo la promesa de un modelo de suscripción sin publicidad y ahora lo estaría usando de forma ilegítima para alimentarlo.
La demanda señala que Netflix habría vendido, compartido, divulgado, transferido o puesto a disposición de terceros datos personales sensibles que habría acumulado durante años, todo ello como parte de la operativa publicitaria iniciada en noviembre de 2022. Y además indica que recopiló información conductual mediante perfiles infantiles y la facilitó a terceros sin el consentimiento previo exigido por la legislación estatal.
Lo novedoso del caso es que enfrenta la evolución de una plataforma desde un modelo exclusivamente de suscripción a uno híbrido que incluye anuncios con la presunta percepción de sus usuarios. Según Uthmeier, las expectativas originales bajo las que los clientes del estado se dieron de alta en Netflix y permitieron la recogida de sus datos no incluían su explotación comercial porque la plataforma nunca les informó de esa posibilidad.
Su fiscal general considera que la compañía habría engañado a sus clientes bajo la perspectiva de que nunca habría modelo comercial con su información.
Por tanto, considera que la posterior utilización de esa información para alimentar la segmentación publicitaria podría constituir una práctica engañosa, según la legislación de Florida. Lo que pone sobre la mesa la demanda es hasta qué punto una plataforma ha podido recoger más información de la que necesitaba para prestar y personalizar un servicio sin previsión de anuncios, y cuántos de ellos puede usar cuando los introduce.
Sobre esa base la demanda exige medidas potencialmente problemáticas para Netflix, como la eliminación de datos que supuestamente habría obtenido de manera engañosa. Y también pide restricciones sobre sistemas, algoritmos o modelos construidos a partir de esa información, además de sanciones civiles y el pago de las costas.
Para ello apela al presunto incumplimiento de la Florida Deceptive and Unfair Trade Practices Act (FDUTPA) y la Florida Digital Bill of Rights. Esas piezas legislativas protegen al consumidor de prácticas engañosas y del uso inapropiado de sus datos, respectivamente. Si la demanda tuviera éxito podría abrir un debate legal relevante en un contexto político y regulatorio complejo para las plataformas tanto en EEUU como en Europa.
