Los editores se frotan las manos ante la posibilidad de cobrar por los resúmenes de prensa

La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual ha quedado tramitada después de que el pleno del Congreso votará a favor. Además de fijar las medidas en la lucha contra la piratería de contenidos digitales, el texto final aprobado tiene fuertes implicaciones en el sector de la prensa, lo que a su vez puede dar origen a puntos de fricción en la intersección entre medios, empresas y audiencias.

Por lo pronto, varias organizaciones que han recogido con mucho agrado esta tramitación. Entre ellas CEDRO, que con la aprobación de esta nueva ley ve cumplirse una de sus principales reivindicaciones, como es el cobro por los resúmenes de prensa, servicio que en los últimos años ha vivido una expansión importante.

La actualización del artículo 32.1 confirma que el uso no comercial de artículos de prensa dentro de las empresas e instituciones requiere de la autorización de los titulares de derechos, en este caso los medios. Dicho de otra forma, abre la puerta a que los editores puedan exigir una retribución por la distribución de sus contenidos en los llamados clippings.

Para el director general de CEDRO, Jorge Corrales, la actualización de esta normativa es «un paso muy importante para hacer sostenible el periodismo de calidad y equipara la situación de España a la de la mayoría de los países europeos respecto al uso legal de la prensa dentro de las organizaciones».

La actualización también ha sido celebrada por la Asociación de Medios de Información (AMI), que considera este nuevo permiso previo a la distribución independiente al que solicitaban hasta la fecha las empresas de seguimiento de medios a CEDRO en el desarrollo de su actividad.

En un comunicado, la asociación de editores de prensa ha expresado ha expresado su satisfacción por la aprobación en el pleno del Congreso de los Diputados de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Entre otras cuestiones, porque “supone un reconocimiento a la labor de los medios de información en España, y clarifica la normativa para que las empresas y organismos que informan internamente a sus empleados remuneren convenientemente la actividad, poniendo en valor al periodismo responsable y de calidad”.

Pero, si bien la AMI tiene clara la implantación de una licencia que permita a las empresas en cuestión realizar su actividad, falta por determinar la forma en que se hará. En este sentido, aún no se ha establecido si cada medio establecerá una tarifa determinada o se ejecutará una acción coordinada en el sector. Al mismo tiempo, tampoco se ha cuantificado el posible impacto que tendrá esta recaudación en su negocio.