¿Por qué la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal atenta contra el derecho a la información?
El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 2 de junio un añadido del artículo 520.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal referido a los detenidos y en el que se especifica “se deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto a sus derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen en el momento de practicarse así como en los traslados ulteriores”.
Esta modificación ha puesto en alerta a las asociaciones de editores y de periodistas, ya que consideran que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal dificulta el trabajo periodístico en los siguientes puntos:
– Pone en peligro el derecho a la información previsto en el artículo 20 de la Constitución Española. Cuando se produce una colisión entre derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional viene argumentando en sus sentencias que, en asuntos de interés público y con veracidad informativa, ha de prevalecer el derecho colectivo a la información frente al derecho individual al honor, la intimidad y la propia imagen.
– Inseguridad jurídica. El referido párrafo produce un gran desconcierto y provoca una total inseguridad jurídica en profesionales y medios, por no existir definición en cuanto a la forma de poner en práctica la medida de protección propuesta por parte de la autoridad judicial o policial.
– Posibles sanciones. La nueva redacción del artículo 520.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal podría provocar el alejamiento de periodistas y fotorreporteros de edificios de juzgados y comisarías o de sanciones a los medios de comunicación que publicaran esas imágenes.
– Trabas al fotoperiodismo. El artículo objeto de esta controversia trata de poner trabas al trabajo de los fotoperiodistas, al prohibir tomar imágenes de personas detenidas. No así a los redactores, que podrán seguir escribiendo sobre las detenciones, aunque sin ilustrar la noticia con imágenes del hecho.
El siguiente trámite que tiene que pasar la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para su entrada en vigor es en el Senado, donde el Partido Popular también tiene mayoría absoluta.
