Prensa Ibérica acudirá a los tribunales por irregularidades en uno de sus últimos ERE

Prensa Ibérica deberá responder en los tribunales por el cierre de La Opinión de Tenerife el pasado mes de abril. La Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias ha presentado una demanda contra la empresa editora ante el «presunto fraude y las numerosas irregularidades» detectados en el expediente de regulación de empleo (ERE) aplicado a raíz de la compra de El Día.

La Inspección de Trabajo decidió abrir de oficio unas diligencias contra el grupo de la familia Moll al detectar indicios fraude de ley y dolo en la tramitación del ERE de extinción. Prensa Ibérica alegó como razones económicas que el diario tinerfeño no había dado beneficios en sus veinte años de actividad.

El cierre del periódico implicaba el despido de una treintena de trabajadores y la recolocación de otros 15 en El Día de Tenerife. Según el expediente, para la selección de este grupo se siguió un «criterio de menor edad y conveniencia de los puestos de la otra empresa”. Solicitan que se declare nulo el acuerdo que firmó la empresa con la representación de los trabajadores.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Tenerife detectó que la empresa «no respetó derechos sociales de los trabajadores, al no cumplir los requisitos que establece la ley en estos casos». Entre otros casos, despidió a una trabajadora que tenía reducción de jornada para el cuidado de un hijo menor, a las tres delegadas de personal pese a que tienen derecho preferente a mantener su puesto de trabajo y a personas mayores de 50 años mientras recolocó a otras de menor edad en puestos similares en El Día.

El expediente señala que Prensa Ibérica no cumplió el plazo que establece la ley entre el inicio de las negociaciones y los despidos y no constituyó la comisión de negociación conforme a lo establecido. Asimismo, ninguno de los tres administradores solidarios de la empresa estaban dados de alta como autónomos. De hecho, uno de ellos obtuvo prestaciones por desempleo que no debía haber cobrado.

Según la Administración, la empresa tampoco elaboró el plan de acompañamiento social al que obliga la ley cuando hay personas de más de 55 años despedidas; ni abonó las cuotas a las que está obligada para formalizar un convenio especial con la Seguridad Social para esas personas.

La vista oral tendrá lugar el próximo 20 de noviembre en el la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.