UTECA, la Unión de Televisiones Comerciales, ha expuesto a través de un comunicado su completo desacuerdo con el Proyecto de Ley General Audiovisual que el Consejo de Ministros ha aprobado esta semana. En este escrito, la organización ha lamentado que de no modificarse en el trámite parlamentario, esta nueva Ley estaría condenando a las televisiones en abierto «a competir en inferioridad de condiciones con gigantes digitales de dimensión internacional», y todo ello en un mercado que es «global y único, y en el que no caben distinciones regulatorias».
Según los representantes de la televisión en abierto, resulta «incomprensible» que el Gobierno haya ido más allá de lo que la trasposición de la Directiva exigía «al incluir normas propias, no contempladas en Europa», que en este caso solo aplicarán a los operadores nacionales. Esto, para UTECA les perjudica gravemente al situarles «en una clara desventaja competitiva«.
«El Proyecto de Ley General Audiovisual confirma que el Gobierno ha desoído la reclamación de las televisiones en abierto para que dicha ley establezca una competencia equilibrada, con los mismos derechos y las mismas obligaciones para las televisiones en abierto y las plataformas internacionales de video on demand (Netflix, Amazon Prime Video, HBO y Disney+) y de compartición de videos (Youtube y Facebook)
«Es discriminatorio que el texto mantenga limitaciones publicitarias a la televisión cuando no las puede imponer a las plataformas de compartición de vídeo»
Asimismo, advierten que la modernización legislativa «ha agravado la discriminación» al imponer, solo a los operadores nacionales, una «estricta regulación en cuotas de catálogo en lenguas cooficiales, franjas únicas de protección al menor y un endurecimiento del régimen sancionador«, lo que creen que, en vez de impulsar una legislación de mínimos, «ha ideado nuevas restricciones para las televisiones en abierto que ahondan en la desigualdad y el desequilibrio».
En este sentido, desde UTECA consideran que la obligación de incluir un 6% de las obras del catálogo de las plataformas en una de las tres lenguas cooficiales, al margen del castellano es «una nueva demostración del trato de favor del Gobierno hacia las multinacionales extranjeras que ofrecen sus servicios en España, pero tienen su sede fuera» debido a que a estas no se las puede obligar a cumplirlo.
Una asimetría normativa
Tal y como han recalcado en el texto, otra de las injusticias del proyecto de Ley se encontraría en que se mantiene el incremento del 0,9 al 3,5% del porcentaje de producción independiente al que están obligadas tanto las televisiones como las plataformas, ya que consideran que «las grandes beneficiadas serán multinacionales francesas propietarias de las productoras independientes de mayor tamaño«.
«Igualmente discriminatorio resulta el hecho de que el texto mantenga limitaciones publicitarias a la televisión cuando no las puede imponer a las plataformas de compartición de vídeo», añaden.
En cualquier caso, en un mercado único y global, y con un espectador multisoporte, la organización mantiene que «no tiene justificación alguna el texto aprobado por el consejo de ministros» y que se trata de un Proyecto de Ley «que obedece a intereses cortoplacistas y que amenaza la viabilidad de la televisión en abierto, especialmente en el caso de las cadenas de menor tamaño, que corren el riesgo de desaparecer con la disminución de empleo, pluralismo y diversidad cultural que eso conlleva».
