El Ejecutivo se compromete a retomar la regulación de los ‘lobbies’
El Gobierno se compromete a retomar la regulación de la actividad de los ‘lobbies’. De manera sucinta, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones, Félix Bolaños, anunció ayer tras el Consejo de Ministros que la intención del Ejecutivo es aprobar una ley de grupos de interés, dentro del Plan de Acción por la Democracia compuesto por 31 medidas para impulsar la transparencia.
«El Gobierno va a hacer todo lo que tiene en su mano para lograrlo. Su aprobación es imprescindible«, dijo refiriéndose a determinadas leyes que, como la de los grupos de interés, no prosperan por falta de acuerdos entre los grupos parlamentarios.
España es uno de los grandes países de la Unión Europea que sigue sin una regulación, que contemple un registro central de lobbies o un régimen de agendas abiertas a los responsables públicos que se reúnan con ellos. De hecho, la Comisión Europea ha advertido a España mediante un informe sobre el Estado de Derecho de la necesidad de aprobarla.
El sector del lobby lleva más de quince años defendiendo una regulación en España.
El último episodio de este complejo camino se produjo hace un año y medio, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la convocatoria de elecciones anticipadas. La cita electoral supuso la demolición de un anteproyecto de ley, que estaba pendiente su aprobación para la remisión a las Cortes por el Consejo de Ministros.
Ahora, el anuncio del Gobierno reabre las esperanzas a un sector que lamenta llevar más de quince años arrastrando su demanda. La Asociación de profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) celebra el compromiso del Ejecutivo al tiempo que manifiestan su «preocupación porque ésta se incluya en un nuevo Plan, en lugar de implementarse de manera efectiva«.
El presidente de APRI, Carlos Parry, defiende que “para fortalecer nuestra democracia, el Gobierno debe adoptar una visión integrada y participativa que coordine de manera efectiva las diversas iniciativas. Solo con la colaboración activa de la sociedad civil lograremos una administración más transparente, inclusiva y eficiente, que responda mejor a las demandas ciudadanas y refuerce la confianza en las instituciones”.
