El Gobierno encargará a la CNMC un registro de medios de comunicación
El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Acción por la Democracia que incluye 31 medidas que buscan potenciar la transparencia, muchas de las cuales afectan a medios de comunicación.
«Queremos reforzar la limpieza de democracia y dotar de mayor transparencia al ecosistema de los medios de comunicación para que se garantice una información veraz, que es a la que tienen derecho los ciudadanos», ha defendido el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
El Gobierno ha anunciado su intención de encargar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) un registro de medios de comunicación, con información pública sobre sus propietarios e ingresos publicitarios.
El organismo independiente se encargará de «elaborar y tutorizar» el registro, tras fijarse criterios que determinen qué puede considerarse un medio de comunicación frente a otras plataformas. Una polémica maniobra que reclama cambios estructurales por parte del Gobierno en la CNMC.
El Ejecutivo quiere fijar criterios de asignación de publicidad institucional y de medición de audiencias.
El Ejecutivo también tiene previsto modificar las leyes orgánicas que regulan el derecho al honor y el de rectificación (de 1982 y 1984, respectivamente), para garantizar que «los tribunales puedan dar una respuesta ágil y efectiva a cualquier difamación que se pueda publicar en un medio o pseudomedio».
El plan aprobado por el Consejo de Ministros prevé exigir a todas las administraciones públicas una reporte anual de todas sus inversiones publicitarias; información que, a juicio del Ejecutivo, «o no se presenta o se hace de forma opaca».
Además quieren reformar la Ley de publicidad institucional en el que se fijen criterios de asignación «transparentes, proporcionales y de no discriminación», a partir de conclusiones de expertos, el sector de la comunicación y grupos parlamentarios.
«Queremos evitar que con dinero público se estén financiando pseudomedios que promuevan la intoxicación mediática».
Los medios de comunicación que publiquen información en lenguas cooficiales íntegramente, han adelantado, gozarán de ventajas para optar a ingresos por publicidad institucional.
«Queremos evitar que con dinero público se estén financiando pseudomedios que promuevan la intoxicación mediática», ha defendido el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.
Esta reforma busca mejorar la metodología de los medidores de audiencia para que «no se puedan falsear», y cumplan «principios de transparencia, imparcialidad, comparabilidad y verificabilidad».
El plan de regeneración democrática también abarca el compromiso de reformar la ley de secreto profesional, para prohibir la revelación de fuentes; proteger a periodistas de demandas abusivas sobre sus publicaciones permitiendo a jueces desestimarlas con agilidad; imponer un techo de gasto de las administraciones públicas a los medios; y definir límites de concentraciones de grupos mediáticos.
Información electoral
El Gobierno quiere reforzar la transparencia informativa en procesos electorales. Para ello, exigirá a los medios de comunicación que difundan encuestas electorales la publicación de sus fichas técnicas.
«En ocasiones, la encuestas parecen que en vez de querer conocer el estado de opinión, quieran influir sobre el estado de opinión», opina Bolaños.
Asimismo, obligará a todos los candidatos electorales a acudir a los debates que organicen medios de comunicación.
El ministro Urtasun celebra que «por primera vez en la historia de nuestro país se aborde la necesidad de hacer política mediática, algo que ningún gobierno había atrevido a hacer».
El Ejecutivo va a crear una comisión interministerial que se reunirá al menos cada tres meses para hacer seguimiento de las medidas. Cabe destacar que gran parte de estas son iniciativas legislativas que primero tendrán que ser aprobadas por las Cortes.
