El adelanto de elecciones tumba la ley del lobby a 24 horas de su posible aprobación
El adelanto de elecciones anunciado ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, supone la demolición de una amplia serie de leyes en proceso de aprobación. Una de ellas es el anteproyecto de ley para regular la actividad del lobby, que pretendía que todos los grupos de interés estuvieran inscritos en un registro oficial de transparencia a nivel nacional.
Los profesionales de los Asuntos Públicos llevan varios años reclamando esta ley nacional, que superó su primer gran trámite el pasado noviembre, cuando el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés.
El sector de los Public Affairs lamenta que esta ley finalmente no vaya a prosperar y, más aún, cuando fuentes del Ejecutivo comunicaron de manera extraoficial a algunos de ellos la previsión de que el Consejo de Ministros pudiera aprobarla este martes. Una convocatoria que finalmente no se va celebrar después de que el principal órgano colegiado de decisión del Gobierno se reuniera ayer de manera extraordinaria para disolver las Cortes. Esto significa que este proyecto deberá construirse de nuevo desde cero en la próxima legislatura.
Los profesionales de los Asuntos Públicos señalan que el futuro Gobierno está llamado a aprobar esta ley para poder trasponer posteriormente directivas europeas relacionadas con la transparencia.
En noviembre superó su primer gran trámite: la aprobación del anteproyecto de ley por parte del Consejo de Ministros.
La finalidad de esta ley tumbada era que los lobbies se inscribieran en el registro del Portal de Transparencia y notificaran las reuniones que mantuvieran con cargos públicos. Además, el anteproyecto determinaba qué grupos o personas eran consideradas lobbies, entre las que figuraban entidades o fundaciones creadas o financiadas por partidos políticos, sindicatos u organismos públicos.
En este camino, las autonomías llevan la delantera al Estado. Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla La Mancha, ya cuentan con una ley que regula la actividad del lobby, que a nivel nacional vuelve a tener el contador a cero.
