Menos de 24 horas después de que el Congreso de los Diputado rechazara el real decreto ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, la norma para regular la actividad de lobbies, el Gobierno ya ha eliminado la página web del registro.
El registro central, que era público, gratuito e íntegramente electrónico, tenía la finalidad de recoger la identidad y sede de las personas y organizaciones que ejercen actividades de influencia, sus representantes, de la descripción de las actividades, sus fuentes de financiación y, cuando proceda, el presupuesto destinado a ellas.
Esta plataforma también recogía la relación de integrantes que ocuparon cargos públicos en los últimos cinco años, los mecanismos de control de posibles incumplimientos y el detalle de las reuniones y audiencias mantenidas con personal o cargos públicos.
El registro superó los 250 inscritos hasta la jornada de ayer, en la que el Congreso votó en contra de la convalidación del real decreto.
Hasta la jornada de ayer, el registro superaba los 250 inscritos como grupos de interés. Del ámbito de las consultoras de asuntos públicos, empresas que estrictamente se dedican a esta actividad, se inscribieron las siguientes trece: Burson, Cariotipo, Estrategos, Grayling, H/Advisors, JRB Global, Kreab, LLYC, Nitid, Paradigm, Political Intelligence, Puentia y Rud Pedersen.
Algunas organizaciones optaron por no inscribirse y cancelar temporalmente reuniones con la Administración Pública, hasta confirmar el resultado del real decreto ley, finalmente derogado.
Reacciones institucionales
La norma contó con el rechazo de PP, Vox, Junts y UPN y la abstención de PNV, Podemos y tres diputados de Sumar. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, difundió un vídeo oponiéndose al resultado de la votación. «La transparencia es una obligación hacia la ciudadanía», defendió con críticas a los grupos de la oposición.
La principal asociación de profesionales de las relaciones institucionales, APRI, también lamentó la derogación. Su presidente, Carlos Parry, insistió en que la regulación, que vuelve a su casilla de salida, es «urgente», y que «ahora se abre una nueva oportunidad para construir un marco más consensuado, sólido y duradero, que reconozca la representación de intereses como parte normal de una democracia abierta y participativa”.
