El sector de los asuntos públicos no da por perdido la ley de lobbies después de su último batacazo legislativo. Una semana después de que el Congreso de los Diputados rechazara la convalidación del real decreto ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, la principal asociación de profesionales de las relaciones institucionales, APRI, no tira la toalla.
Su presidente, Carlos Parry, asegura a DIRCOMFIDENCIAL que no descartan que la ley se pudiera aprobar esta legislatura, que ya entra en su recta final. Sus esperanzas están ahora depositadas en el proyecto de ley. «Si nos atenemos a lo que se dice en el Congreso, se sigue teniendo la puerta abierta a la aprobación; otra cosa es si lo que se dice en la tribuna es la realidad de lo que piensan o no. Pero posibilidades existen».
La asociación APRI confía en la vía del proyecto de ley, después de que el Congreso rechazara la convalidación del real decreto.
Parry lamenta que la mayoría de parlamentarios votaran en contra de la convalidación. Una posición que atribuye a «intereses partidistas a corto plazo sobre el interés general«. «Fracasa la sociedad». «Es una incapacidad de todos. Son incapaces de llegar a un acuerdo, a pesar de que hablas uno a uno y todos en el fondo están a favor, pero siempre hay una excusa para bloquearlo».
En las últimas semanas APRI ha intensificado su actividad con los grupos parlamentarios, intentando convencerles de la necesidad urgente de aprobar la norma.
El presidente de APRI relata que el real decreto ley les «cogió por sorpresa, igual que a los grupos parlamentarios». «No teníamos constancia de que el Consejo de Ministros lo iba a aprobar, hasta el día anterior. No nos pidieron opinión. Se nos compartió y se nos pidió que lo apoyáramos. Y hablamos con todos los grupos recordando la necesidad de votar a favor».
«Los asuntos públicos debe ser la única profesión en el mundo que reclama regulación, al igual que este Gobierno debe ser el único en el mundo que pide que se le regule para que se controle su relación con lo privado y la oposición diga que no. Es paradójico», expresa.
«Los grupos son incapaces de llegar a un acuerdo, a pesar de que hablas uno a uno y todos en el fondo están a favor».
Preguntado por la percepción ciudadana sobre el lobby tras los escándalos protagonizados por Zapatero y Bono, Parry responde que estos episodios les ha dado la oportunidad a APRI de «decir que el lobby no es eso». «Nos dedicamos a trabajar, aportar información, informes, contenido útil para legisladores y poder ejecutivo para que tomen las mejores decisiones en defensa del interés general y no los particulares. Por eso queremos que haya un registro de transparencia. Los que se oponen, tienen que explicar porqué».
El profesional, que también desempeña el cargo de director de Comunicación, Relaciones Institucionales y Asuntos Públicos de Grupo Griñó, admite que en las últimas semanas han emergido presiones empresariales y sindicales «muy fuertes» en contra de la convalidación, y expresa su sorpresa al comprobar que esas mismas organizaciones sí están inscritas en los registros de comunidades autónomas. «Tendrán que explicar por qué no quieren un registro central», dice Parry.
El presidente de APRI también entona el mea culpa al expresar que «quizás llegamos tarde en hacer pedagogía sobre el valor que aportamos«, y saca pecho de la asociación que representa, integrada por 350 socios, que ya está en la cuenta atrás a la celebración de su Cumbre del 8 de octubre que reunirá en Madrid a los principales agentes del sector.
