Google busca un jefe de Asuntos Públicos en España tras la marcha de Antonio Vargas a Amazon
Google está en plena búsqueda de un jefe de Políticas Públicas y Relaciones Gubernamentales para su filial española. La tecnológica ha iniciado este proceso de selección para un cargo que ha estado vacante varios meses tras el fallecimiento el pasado junio de Francisco Ruiz Antón.
También se ha activado la búsqueda de este directivo -uno de lo más relevantes para Google- después de que el número dos del departamento de Asuntos Públicos de la tecnológica hasta hace unos días, Antonio Vargas, fichara por Amazon, tal y como adelantó Vozpóuli.
Para cubrir el puesto de jefe de Políticas Públicas y Relaciones Gubernamentales, Google busca principalmente un perfil directivo que haya tenido experiencia en la gestión de los Asuntos Públicos en el ámbito tecnológico.
El profesional que sea finalmente seleccionado para el cargo será el responsable en España de «construir y fortalecer relaciones positivas» entre Google y el entorno regulativo de nuestro país, según reza la oferta laboral difundida por la multinacional. Deberá, asimismo, impulsar políticas regulatorias favorables y mejorar la reputación de Google en España. Será, en definitiva, el interlocutor de la tecnológica con los representantes políticos de nuestro país; así como con las asociaciones y organismos que sean relevantes para la compañía.
Actualmente, el departamento de Asuntos Públicos de Google en España está formado por María Alvarez Caro y Ana Abade Gil.
El profesional que sea seleccionado por Google para este cargo tendrá varios retos por delante, a los que se tendrá que enfrentar nada más aterrizar en la compañía. Hace unos días, el Senado aprobó definitivamente la denominada Tasa Google, que gravará el 3% de los ingresos generados por determinados servicios digitales de compañías con ingresos superiores a los 750 millones de euros a nivel mundial y más de 3 millones en España.
Además, el Gobierno ha presentado ya el anteproyecto de la Ley de Telecomunicaciones, por la que Google y otras tecnológicas multinacionales tendrían que abonar la misma tasa que ya pagan Movistar o Vodafone como operadores de telecomunicaciones.
