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Los políticos ensalzan la labor de los lobbies aunque creen que el marco jurídico es insuficiente

| 16 ABRIL 2021 | ACTUALIZADO: 19 ABRIL 2021 11:24

La acción de los lobbies no siempre ha estado bien vista en España. Venimos de una época en la que esta práctica se consideraba poco transparente y que prácticamente consistía en un intercambio de favores. Pero la percepción está cambiando. En Washington o en Bruselas los grupos de interés tienen una extensa trayectoria y se consideran muy útiles para las instituciones públicas. España esta todavía lejos de alcanzar ese estatus pero el sector se esta profesionalizando a marchas forzadas.

Un estudio elaborado por APRI y Deusto desvela que los políticos de nuestro país consideran útil o muy útil la participación de los grupos de interés en la detección de necesidades en la sociedad y en la identificación de preferencias de actuación pública. Esta es la opinión de más del 80% de los 120 cargos públicos, tanto del ámbito nacional, regional y local, encuestados en el informe.

Gran parte de los participantes en el estudio -un 63%- también cree que la relación con los lobbies genera legitimidad en el desarrollo de la política pública y un 80% ve utilidad en el planteamiento de alternativas de ejecución para la actuación pública.

La importancia que los políticos otorgan a la actuación de los grupos de interés se ve plasmada en que frecuentemente un proyecto de actuación pública se ve modificado como resultado de la participación de los lobbies, según indica el estudio.

«El lobista y el político se necesitan mutuamente y ambos deben practicar la escucha activa para que las dos partes salgan ganando. En los últimos años esta actividad se ha profesionalizado tanto del lado del grupo de interés como del lado del político», comenta uno de los representantes públicos consultados en el informe. «Para mí el lobby como herramienta para influir en la legislación en una materia que afecta a la empresa es una actividad no solo lícita, sino necesaria para el buen funcionamiento de una democracia», dice otro de los participantes.

Aunque estas opiniones no quitan que los políticos sean conscientes de que esta colaboración entre las instituciones públicas y los grupos de interés no es comprendida por una parte de la ciudadanía. De hecho, confirman que la palabra lobby está todavía especialmente denostada. «En España el lobby está mal visto en general, se asocia a corrupción, sobornos y captura de políticos y reguladores para las empresas«, expresa uno de los políticos encuestados. «Quizá -comenta otro- sea necesario buscar un nombre que se acomode para luchar contra la mala imagen que aún tiene la actividad de lobby en España».

Pese a esta mala prensa, el informe detalla que la relación de los grupos de interés y cargos públicos está completamente generalizada. El 96% de los políticos encuestados han tratado en algún momento con este tipo de lobbies. Y el 74% de ellos lo hace de manera habitual.

«El lobista y el político se necesitan mutuamente y ambos deben practicar la escucha activa para que las dos partes salgan ganando».

Los lobbies más activos son -según los políticos- las organizaciones empresariales y colegios profesionales, las agrupaciones ciudadanas, las ONG y los representantes sindicales. En general, los políticos participantes consideran que globalmente los grupos de interés con los que se relacionan muestran un grado de profesionalidad medio o medio-alto, sobre todo en el conocimiento de la realidad económica o social que le es propia y en la claridad en la defensa de sus intereses. No es tanto así en los estándares de transparencia y ética, cuya profesionalidad es calificada con una nota más baja. El grado de profesionalidad más alto se otorga a los representantes de organizaciones empresariales y colegios profesionales, así como a los grupos de reflexión, think tanks e instituciones académicas y a las consultoras profesionales.

Principalmente, los políticos recomiendan a los grupos de interés transparencia en sus objetivos e intereses, el cumplimiento de estándares éticos elevados, planificar adecuadamente la comunicación con los poderes públicos y mantener un contacto fluido con ellos, además de rigor y concisión en la presentación de argumentos y propuestas .

Es el trato presencial el preferido por los representantes públicos para reunirse con un grupo de interés, por lo que la crisis del coronavirus ha tenido cierto impacto en la gestión de los asuntos públicos, ya que los encuentros han pasado a ser telemáticos. En esas reuniones, los políticos lo que más valoran es que les aporten estudios sobre el impacto que las actuaciones públicas y otro tipo de informes escritos sobre la materia. Documentación que tiene un plus de legitimidad si ha sido elaborada por instituciones académicas o especializadas.

Registro nacional de lobbies

Este aumento de la profesionalización en la actuación de los grupos de interés no ha venido acompañado, sin embargo, por una adecuación del marco jurídico. Según el estudio, los políticos encuestados consideran que la regulación del lobby en España es insuficiente. El 64% de ellos propone el establecimiento de un régimen de agendas abiertas y de huella legislativa y un porcentaje similar es favorable a la creación de un registro nacional de lobbies. No creen necesario, por contra, la creación de un pase de acceso a las sedes de los poderes públicos solo para grupos de interés acreditados.

Asimismo, los políticos creen que sería positivo que se incluyan las actividades con grupos de interés en las agendas de cargos públicos. Aclaran, no obstante, que los propios representantes públicos no cuentan en su mayoría con un código de conducta específico en las relaciones con los grupos de interés, ya sea establecido por su propio partido o por una instancia política superior.