
Admitida a trámite una demanda contra la OCU por «estudios denigratorios» para las marcas y «engañosos» para los consumidores
Los daños ocasionados a la reputación de diferentes marcas y también a sus resultados por los diferentes informes de Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que preside Miguel Ángel Feito, ex secretario de Estado con Felipe González y dirige Esther Rodríguez Uceda, han llevado a esta organización a los Tribunales.
La OCU se enfrenta a una demanda por acciones de competencia desleal, interpuesta por la empresa de dermocosmética ISDIN por uno de sus últimos estudios sobre protectores solares, publicado en marzo de 2024.
La demanda admitida a trámite por los juzgados de lo Mercantil de Madrid también se refiere a estudios anteriores y denuncia una ‘persecución’ de la organización de consumidores contra ISDIN desde 2019 y la publicación de informaciones engañosas para los consumidores.
La multinacional dermocosmética argumenta y aporta numerosas evidencias en el escrito presentado en el juzgado de prácticas desleales de engaño y denigración.
Como consecuencia de esas prácticas, ISDIN solicita en la demanda la declaración de deslealtad de las conductas de la OCU y que se la condene a cesar y abonar los daños y perjuicios causados, entre otras.
ISDIN denuncia que la campaña de la OCU “ha generado un impacto muy negativo en el mercado para ISDIN y para el producto, máxime porque la OCU premeditadamente la publicó en unas fechas comercialmente cruciales para ISDIN, apenas días antes del inicio de Semana Santa, el primer periodo de ventas relevantes en el sector de la fotoprotección”.
La OCU se enfrenta a una demanda por acciones de competencia desleal, interpuesta por la empresa de dermocosmética ISDIN.
La insistencia de la OCU contra los productos de ISDIN también ha tenido una importante repercusión en el prestigio y reputación de la compañía a nivel europeo, en países como Bélgica, Portugal, Francia o Austria.
La OCU, según la demanda, “es una entidad de carácter privado que forma parte de un entramado societario internacional con claro ánimo de lucro y con presencia en “paraísos” fiscales como Luxemburgo, Países Bajos o Hong Kong.
Fuentes jurídicas aseguran que esta demanda promete porque lo que hace la OCU con marcas, categorías y mercados es un secreto a voces, que la mayoría de las compañías no se atreven a demandar; añaden “llevan años de impunidad”, y transmitiendo información engañosa a los consumidores.
Otras fuentes patronales consideran un hito esta demanda contra la OCU, porque juegan con la credibilidad de las marcas a su antojo, y este paso al frente y rotundo de ISDIN puede demostrar el camino a muchas otras compañías afectadas.
La OCU ya se ha enfrentado a varios procesos judiciales. Solo Iberdrola, hace ya una década, logró vencer a la OCU al demostrar que la organización actuaba más como «un competidor desleal» que como una asociación en defensa del consumidor.
Denuncia de FACUA
Una de las últimas polémicas que salpica a la OCU es la denuncia de otra organización de usuarios, FACUA, referente a la publicidad que realizan sobre electricidad y gas.
Desde 2013, asegura FACUA, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) publicita tarifas de electricidad y gas de compañías que le abonan una comisión por cada cliente que les capta.
Como reclamo, presenta las ofertas como ganadoras de una “subasta”, aunque siempre oculta cuáles son las compañías que participaron en ella.
Antes de esta denuncia, en 2023, una información de El País desvelaba que “la operativa económica de la OCU, la mayor asociación de consumidores del país con 192.000 abonados está bajo el foco del Gobierno”. La información afirmaba que el Ministerio de Consumo investiga desde hace meses los 47 convenios que desde 2018 había firmado esta asociación con grandes compañías para verificar si las comisiones que cobra por cada cliente que les suministra son legales y si comprometen su independencia.