El Gobierno de Reino Unido acaba de lanzar una consulta pública sobre el eventual veto de acceso a redes sociales para menores de 16 años. Y como parte del proceso, cientos de personas en esa situación probarán sus consecuencias en los próximos meses de cara a analizar su reacción.
La primera fase involucrará a 150 jóvenes de entre 13 y 15 años, sobre los que se estudiarán las respuestas a diferentes situaciones. Entre ellas, el bloqueo total de redes sociales, la reducción de su disponibilidad a una hora diaria y el toque de queda para evitar su uso por las noches. En todos esos casos se les analizará el estado de ánimo, la calidad del sueño o la actividad física.
Para el Ejecutivo este periodo de consulta pública de tres meses es crucial en la medida en que existe cierto consenso entre los principales partidos del Parlamento sobre la prohibición, pero no entre asociaciones y colectivos enfocados en la seguridad de menores. NSPCC o The 5Rights Foundation consideran que la medida podría empujarles a «rincones más oscuros y desregulados de internet» o anticipan medidas que podrán ser esquivadas.
Entre los críticos ante un bloqueo total está Andy Burrows, que conmina al Gobierno a «seguir la evidencia más que implementar soluciones simplista» desde su rol como consejero delegado de Molly Rose Foundation. Esa organización fue creada en recuerdo de Molly Russell, una joven de 14 años que se suicidó en 2017 tras quedar expuesta de manera recurrente a publicaciones dañinas en Instagram y cuya muerte aceleró este debate.
En una primera fase hasta 150 jóvenes de entre 13 y 15 años serán sometidos a diferentes restricciones para analizar su comportamiento.
De ahí que la propuesta de base incluya diferentes escenarios más allá del bloqueo completo. Especialmente para estudiar el impacto de la reducción de servicios muy populares entre los menores como los juegos y los bots conversacionales.
Al igual que Reino Unido, España también está en trámite de seguir los mismos pasos que Australia, el primer país del mundo en hacer efectiva la restricción de acceso por edad a plataformas. A principios de febrero Pedro Sánchez lo anunció como parte de una estrategia más amplia para atajar externalidades negativas de esos entornos. Y en otros estados europeos como Francia o Noruega también hay procesos abiertos para llegar a una situación similar.
