El Gobierno de Emmanuel Macron deberá reformular la ley promulgada hace algunas semanas por la Asamblea Nacional para bloquear las redes sociales a menores de 15 años. El Consejo Constitucional, que cumple una función semejante en Francia a la que desarrolla el Tribunal Constitucional en España, ha identificado dos problemas clave en su redacción actual y ha decidido tumbarla a pesar de que considera legítimo su objetivo.
En concreto considera que su redacción actual supone una restricción excesiva del derecho constitucional a comunicarse y recibir información, hasta el punto de calificar como «desproporcionada» su vulneración. Y también que no ofrece garantías suficientes sobre el respeto a la privacidad en un contexto en el que sería necesario comprobar la edad de todos los usuarios para aplicar esa ley.
El organismo considera desproporcionada la restricción del derecho a comunicarse y recibir información, además de ver pocas garantías en el sistema de verificación de edad.
Este revés impide de momento que Francia se convierta en el primer país de la Unión Europea con una normativa similar a la que rige en Australia, si bien en ese país pionero la prohibición afecta a menores de 16 años. Macron ha encargado ya al primer ministro Sébastien Lecornu que redacte una nueva versión del texto que pueda resultar compatible con lo indicado por el Consejo Constitucional, de cara a aprobar la ley antes de la primavera del año que viene.
El límite establecido coincide con las elecciones presidenciales que se celebrarán el 18 de abril, con la segunda vuelta habitual prevista para el 2 de mayo. Macron no puede presentarse a la reelección debido a que la Constitución prohíbe más de dos mandatos consecutivos, de modo que la nueva redacción de una de las iniciativas clave de Macron podría coincidir en el tiempo con la elección de su sucesor para esos comicios.
Ahora queda por ver si los tiempos se ajustan a la necesaria sofisticación del texto para salvar el escollo del Consejo Constitucional. Una vez establecido que la protección infantil no justifica de forma automática una operativa generaliada de verificación de edad ni una prohibición indiscriminada de acceso a información y comunicación, el Gobierno tendrá que ofrecer garantías más concretas y profundizar en distinciones por edad o por plataforma.
La ley rechazada señalaba que todas las redes sociales debían impedir la creación de nuevas cuentas por parte de menores de 15 años y cerrar las existentes en un plazo de cuatro meses desde su entrada en vigor. E incluía algunas exenciones para servicios con finalidad educativa o científica, con posibles salvedades para plataformas basadas en audio o vídeo.
