El Gobierno aprueba la tasa ‘Google’, pero no entrará en vigor hasta diciembre
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nuevo impuesto digital conocido como ‘tasa Google‘ y ‘tasa Tobin‘, cuyos proyectos de ley decayeron en la pasada legislatura ante el adelanto electoral. Ahora, la recaudación prevista es de 1.818 millones de euros, inferior a los 2.050 millones previstos el año pasado como consecuencia de la ralentización económica.
Así lo ha señalado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. «España moderniza su sistema fiscal haciéndolo más justo, más progresivo y redistributivo», ha apostillado Montero, quien ha resaltado que tiene que «responder a las nuevas realidades» y los nuevos negocios derivados del mundo digital.
Montero ha detallado que la recaudación prevista para la ‘tasa Tobin’ se mantiene en 850 millones de euros, si bien los ingresos que se calculan con la ‘tasa Google’ se han reducido a 968 millones, unos 232 millones de euros menos.
El Gobierno esperaba recaudar unos 2.050 millones de euros (1.200 millones con el impuesto digital y 850 millones con el de transacciones financieras). Ahora, la previsión se reduce a 1.818 millones, un 11,3% menos, tras el cambio en la estimación de ingresos con la ‘tasa Google’.
El nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, conocido como ‘tasa Google’, gravará aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros. Según Montero, «en ningún caso» hay discriminación en función de nacionalidad o del tipo de empresa, garantiza que las pymes no paguen el impuesto y protege al sector de las ‘startups‘.
Montero ha apuntado que se espera recaudar con este tributo 968 millones de euros, cuya liquidación será trimestral, pero de manera excepcional no se realizará en el primer año hasta «al menos el 20 de diciembre de 2020».
El impuesto que aprobará el Gobierno, ha recordado Montero, es muy similar al que aprobó Francia el año pasado y cuya entrada en vigor ha paralizado tras alcanzar un acuerdo con Estados Unidos. Este último había anunciado la imposición de aranceles a productos franceses por considerar que este impuesto digital penalizaba principalmente a los grandes gigantes tecnológicos de Estados Unidos, como Amazon, Google o Facebook.
