La industria publicitaria se enfrenta a un 2019 con varios cambios regulatorios
La industria publicitaria ya tuvo un 2018 caracterizado por la incertidumbre legal que generó la aprobación el pasado mes de mayo del Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD). En un principio, varias voces del sector auguraban un desplome de la inversión publicitaria digital, situación que finalmente no ha sido tan dramática.
Para 2019 también hay varios aspectos legales que preocupan en los principales actores de la industria publicitaria.
Uno de ellos deriva precisamente del RGPD. Será durante el año que está a punto de comenzar cuando se espera que la Agencia Española de Protección de Datos publique la actualización de la Guía sobre el Uso de las cookies a la luz de las exigencias del RGPD y la LOPD al respecto. La anterior data de 2013, por lo que, con la nueva normativa en protección de datos, ha quedado desfasada.
También en materia de protección de datos está pendiente la aprobación del Reglamento de e-Privacy.
Actualmente, las posturas en el seno de la Unión Europea respecto a esta normativa que regula la privacidad y comunicaciones electrónicas están muy enfrentadas. Según la IAB, su aprobación podría irse más allá de las Elecciones Europeas, que se celebran el próximo mes de mayo; pese a que la presidencia del Consejo de la Unión actual en manos de Austria se había marcado como uno de sus objetivos aprobar el Reglamento.
Hay que recordar que la postura actual del Parlamento era muy polémica para el sector, ya que establecía que los navegadores tendrían que evitar por defecto las cookies, además de prohibir las “paredes de cookies”.
Preocupación entre las agencias por el el impuesto que gravaría los servicios de publicidad en línea, los de intermediación en línea y los de transmisión de datos.
En otro orden de cosas, las agencias publicitarias que operan en España están preocupadas ante la redacción del Anteproyecto de Ley sobre determinados servicios digitales, que incluye gravar los servicios de publicidad en línea, los de intermediación en línea y los de transmisión de datos a aquellas empresas cuyo importe neto de ingresos supere los 750 millones de euros y cuyo importe total de ingresos derivados de prestaciones de servicios digitales sujetas al impuesto supere los 3 millones de euros. El impuesto afectaría al 3% de los ingresos de las empresas que cumplan esos requisitos. Entre ellas estarían, por ejemplo, WPP, el grupo Publicis u Omnicom, entre otras.
IAB ha declarado que ha enviado sus propuestas de enmienda al Gobierno. En esa comunicación, el organismo declara que la creación de nuevas normas fiscales para la economía digital «debe basarse en acuerdos internacionales amplios», sea a nivel global o regional, y «no en decisiones nacionales unilaterales».
También señala en su escrito la IAB que el impuesto conocido como la «Tasa Google» es susceptible de «dañar la competividad de las empresas españolas y generar situaciones no deseadas de imposición en cascada y doble imposición».
