Podemos quiere fijar por ley que la audiencia no sea el criterio esencial para el reparto de la publicidad institucional
Unidas Podemos plantea la necesidad de que la publicidad institucional no solo se distribuya de acuerdo a la audiencia de los medios e incorpore nuevos criterios relacionados con su impacto social o prácticas internas. Así lo contempla la proposición de ley que ha hecho llegar al Ministerio de Presidencia y Relaciones con las Cortes, que se hace eco de la petición formulada en mayo de 2020 por un colectivo de medios independientes que incluye a Público, Ara o La Marea.
En aquel escrito los firmantes señalaban lo problemático de un modelo de reparto basado en audiencia cuando existen en el sector prácticas conocidas para incrementarla artificialmente en el medidor. Esa circunstancia contribuiría a una distribución injusta y desigual de la planificación pública al no tener en cuenta otras variables que los miembros de ese colectivo consideran sintomáticas del buen periodismo. Entre ellas, número de sesiones por visita, tiempo de permanencia y lectura o número de suscriptores.
Según Sofía Pérez Castañón, portavoz adjunta de Unidad Podemos en el Congreso, las variables que propone su partido para condicionar el acceso a publicidad institucional incluyen “el cumplimiento de obligaciones deontológicas y profesionales del sector” o “el nivel de transparencia de la información corporativa”, entre otras. También pide que se tengan en cuenta las medidas adoptadas en cada empresa para hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres.
El socio de Gobierno del PSOE propone que aspectos como “el cumplimiento de obligaciones deontológicas y profesionales del sector” pese en el acceso a fondos públicos.
El texto en vigor de la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional que esta propuesta quiere modificar apela en su exposición de motivos a los principios de “eficacia, transparencia, austeridad y eficiencia” en la inversión de dinero público. Y además indica en su artículo 8 que “los contratos vinculados a las campañas reguladas por esta Ley se adjudicarán […] atendiendo siempre a criterios objetivos tales como el coste económico y la eficacia prevista del plan de medios”.
Esa legislación data de 2005 y es una de las dos patas de la normativa estatal al respecto. La otra es el Real Decreto de 2006 que daba desarrollo a la Comisión de Publicidad y Comunicación que creaba esa ley. Esa disposición del Gobierno entonces presidido por José Luis Rodríguez Zapatero también establece las circunstancias de elaboración y aprobación del plan anual de publicidad y comunicación institucional de la Administración General del Estado.
