Las asociaciones de periodistas piden también al Consejo de RTVE anular la convocatoria de oposiciones en su recta final

La convocatoria de oposiciones en RTVE —la primera desde 2007— se topa con un nuevo obstáculo: la impugnación por parte de asociaciones de periodistas de la resolución que fija las bases de la convocatoria de plazas, al no exigir el Título de Grado o Licenciatura en Ciencias de la Información (Periodismo o Comunicación Audiovisual) oficialmente reconocido u homologado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Cinco semanas después de que la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y la Federación de Asociación de Periodistas de España (FAPE) presentaran un recurso a la presidenta interina de la Corporación, Elena Sánchez, ésta les respondió ayer en un escrito que no está conforme con los argumentos expuestos, que se sujeta a la legalidad y confía en que las partes denunciantes “reconsideren” su posición.

La explicación de la presidenta interina no ha convencido a los representantes de los periodistas, que optaron ayer por remitir un nuevo comunicado suscrito por 65 asociaciones federadas y vinculadas, esta vez, al Consejo de Administración de RTVE.

Sánchez puntualizó ayer en el Senado que RTVE “ha sostenido y ha regulado las bases específicas de las distintas ocupaciones tipo que se han convocado a lo largo de los últimos meses, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, exigiendo una titulación específica sólo cuando el ejercicio de una actividad profesional concreta figura como vinculada a una especialidad o postgrado habilitante”. Una condición que, según ésta, no procedería para los puestos de informador.

La presidenta interina mostró ayer su satisfacción por haber logrado “desatascar unas oposiciones que la casa necesitaba”, y ha informado que está a punto de cerrarse el proceso para cubrir las 1.082 plazas, a falta de ocho.

Recuperar la jornada de 35 horas semanales

Además de la renovación de plazas, otro de los asuntos que más inquietan a la plantilla es la vuelta a la jornada de 35 horas semanales, ampliada a 37,5 horas en 2012 y prorrogada hasta hoy. Los cinco sindicatos que representan a los trabajadores del ente público recuerdan que desde el 1 de enero de este año tienen derecho a esta reducción que, según la dirección de RTVE, está pendiente de que lo autorice la SEPI.

Sánchez respondió ayer en el Senado que este asunto es “sumamente importante abordarlo”, y que “se está trabajando intensamente con nuestro accionista [SEPI] y el Ministerio de Hacienda para avanzar en ello».

Estos cuatro meses de retraso han motivado a los representantes de los trabajadores a convocar concentraciones y paros parciales para las próximas semanas.