Un mes después de la entrada en vigor en todos los Estados miembros de la Unión Europea el Reglamento de Libertad de Medios de Comunicación, el presidente del nuevo órgano supervisor comunitario, el consejero de la CNMC Carlos Aguilar, ha comparecido públicamente para analizar las causas y pretensiones de la nueva regulación.
En un desayuno celebrado en Madrid por el Foro de la Nueva Comunicación, el presidente del Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, ha defendido que el reglamento comúnmente conocido como EMFA -por sus siglas en inglés- responde a las demandas de los medios y la sociedad, y se aprobó con «amplísimo consenso» en el Parlamento Europeo, con 464 votos a favor y 92 en contra.
Pese a las virtudes que, a su juicio, presenta esta normativa, como la protección de la independencia editorial, el refuerzo de la transparencia o la congruencia en criterios de distribución de publicidad institucional, admite que también «tiene un factor de riesgo» por la «presión indebida» a la que podría estar tentado su regulador. Por esa razón, sostiene Aguilar, nace el Comité Europeo de presidencia rotaria que este año recae en la española CNMC. «Nuestro objetivo es convertirnos en un organismo de confianza«, ha subrayado.
“Nuestra supervisión no dependerá de los recursos. ¿Tardaremos más y habrá gente que tendrá que dormir menos? Pues lo haremos”.
La adaptación española del reglamento encarga a la CNMC la creación y supervisión del registro público de medios de comunicación, donde figuren datos societarios específicos de empresas informativas. Las sonadas críticas a esta decisión sostienen que, aunque teóricamente la CNMC es un organismo independiente, en la práctica es el Gobierno quién lo controla.
Preguntado por esta cuestión, Aguilar ha respondido que en la normativa «no hay absolutamente ninguna palabra que permita a una autoridad o gobierno censurar, modificar o eliminar contenidos». «No tenemos ni la remota intención de dejarnos controlar por el Gobierno, empresas privadas o instituciones”, ha defendido.
La CNMC ha publicado recientemente un informe en el que apremia al Gobierno a aprobar con urgencia este registro, además de lamentar la falta de recursos disponibles para ello. En concreto, estima que tendrá que destinar hasta 32 empleados a esta nueva Dirección, con un coste de 1,5 millones de euros, apunta el informe.
No obstante, Aguilar se ha comprometido hoy a cumplir con los deberes encomendados a la CNMC, al margen de los fondos disponibles para ello. «Independientemente de que se otorguen más medios a CNMC, desarrollaremos las funciones que nos sean asignadas, con el compromiso que nos caracteriza. Nuestra supervisión no va a depender de que nos den más o menos. ¿Tardaremos más y habrá gente que tendrá que dormir menos? Pues lo haremos. Es una obligación, y no vamos a hacer dejación de ella».
Aguilar defiende que afrontarán este encargo «desde el compromiso y el total conocimiento de las implicaciones que tiene para la sociedad y los medios«, aunque sin aclarar los plazos estimados de ejecución.
Su comparecencia ha sido presentada por Jordi Juan, director de La Vanguardia, quien ha defendido la necesidad de adaptar con celeridad esta normativa para potenciar la transparencia y luchar contra la desinformación.
