El Congreso aprueba la polémica Ley Audiovisual

| 27 MAYO 2022 | ACTUALIZADO: 30 MAYO 2022 8:20

Tras varios meses de polémicas, concentradas en las últimas horas, el Congreso de los Diputados aprobó ayer la Ley General de Comunicación Audiovisual. La normativa logró superar su primer trámite parlamentario con el apoyo del PSOE y PNV y las abstenciones del socio de Gobierno, Unidas Podemos, el PP y Ciudadanos. El resto de los grupos parlamentarios rechazaron la Ley.

El mayor punto de controversia ha sido la enmienda 110 que, en su definición de productor independiente, abarca a otros productores vinculados a Atresmedia y Mediaset, como Buendía Estudios, en el caso del primero o Telecinco Cinema, Fábrica de la Tele o Bulldog, en el del segundo. Esto significa que estos últimos -no considerados estrictamente independientes- también tendrían derecho a recibir una parte del reparto del 3,5% de los ingresos obtenidos por las grandes plataformas como Netflix o Disney +. Una consecuencia que, según los productores independientes, les «hace menos competitivos» y merma la pluralidad cultural que defendía la directiva europea que España estaba obligada a trasponer.

Productoras independientes emitieron un manifiesto en contra de esta Ley que ha sido respaldado por reconocidas figuras de la industria, como el director Álex de la Iglesia, Pedro Almodóvar o el actor Antonio Resines o Paco León, entre otros muchos. A pesar de la aprobación, la diputada socialista Begoña Nasarre aseguró ayer que, se comprometen a aplicar “nuevas reformas” que contemplen “sus principales reivindicaciones”. 

Críticas al modelo de financiación de RTVE

La financiación de RTVE es otro de los puntos contemplados por la Ley tampoco exento de críticas. La normativa pretende suprimir el porcentaje de financiación que recibe la Corporación por parte de las telecos. Una partida que se va a compensar exigiendo a los servicios de streaming que destinen parte de sus ingresos. Un planteamiento criticado por UGT que considera que “los medios de comunicación públicos necesitan una financiación estable. Necesitan una ley que siente las bases para una financiación estable que garantice su independencia”.