Más de un año después de que el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA, en inglés) entrara en fase de obligado cumplimiento en todos los Estados miembros, España sigue sin adaptarla.
La adaptación española de este reglamento, que obliga a los medios a publicar información societaria sobre su propiedad, los ingresos por publicidad institucional, y reforzar la transparencia en los modelos de medición de audiencia, sigue en el aire.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advierte de la posibilidad de que la Comisión Europea pueda imponer a España «en cualquier momento» un procedimiento de infracción, con multas coercitivas por incumplimiento, como ya ha sucedido respecto al retraso con la adaptación del Reglamento de Servicios Digitales (DSA).
García Castillejo (CNMC): “Nos estamos jugando la democracia. Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios”.
Así lo alertó el vicepresidente del organismo, Ángel García Castillejo, el pasado lunes durante una sesión en el Congreso de los Diputados dedicada a la EMFA, organizado por la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) e introducida por su secretario general, Agustín Yanel.
«El problema de la no aplicación, por no contar con la mayoría suficiente en Parlamento, se está convirtiendo en un problema de Estado. Este retraso supone un perjuicio directo a la ciudadanía«. «Nos estamos jugando la democracia. Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios», expuso García Castillejo.
Los ponentes recordaron que para su aplicación efectiva, España debería aprobar reformas de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, y la ley que regula el funcionamiento de la CNMC, órgano al que el Gobierno atribuyó notables competencias en su texto, como la creación y supervisión del registro de medios. «A la CNMC se nos espera, pero no estamos en la práctica», lamenta el vicepresidente.
Sindicatos de periodistas urgen a los grupos parlamentarios a cumplir con el reglamento de obligado cumplimiento desde hace un año
La vicesecretaria general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Elena Tarifa, mostró su preocupación ante la falta de regulación de «un derecho básico que no se acaba de cumplir» y anunció el lanzamiento de una campaña con el objetivo de «contribuir a la implementación del reglamento en España«, con una red de colaboración entre periodistas, sindicatos o instituciones. «El reto es, desde su aprobación, reforzar medidas nacionales para que las garantías sean reales y efectivas». El secretario general de esta federación, Yanel, añadió que «hay quien piensa que cualquier registro es censura, y eso es falso«.
Los grupos parlamentarios invitados en la mesa, el PSOE y Sumar, defendieron una urgente necesidad de desbloquear desde el Parlamento esta adaptación. «Tenemos un bloqueo, no por parte del Gobierno sino por otros grupos que no dicen y no quieren mojarse. Hay muchos intereses mediáticos y económicos”, dijo Luz Martínez Seijo, diputada del grupo socialista.
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, clausuró la jornada asegurando que «el Gobierno trabaja para su implementación». «La independencia de los medios ha pasado de ser sólo una recomendación democrática a una obligación jurídica europea susceptible de control judicial», subrayó.
Desde que la EMFA accedió a la fase de obligado cumplimiento en agosto de 2025, muchos medios de comunicación decidieron voluntariamente acatar las obligaciones recogidas por la normativa, aunque entre las excepciones destacan cabeceras como las de de Unidad Editorial y Prisa.
