La UE propone una ley para evitar demandas que pretendan silenciar a periodistas y activistas
El derecho a la libertad de expresión da un nuevo paso en su camino regulatorio. La Comisión Europea ha aprobado esta semana un proyecto de directiva encaminado a archivar aquellas denuncias que pretendan amedrentar a periodistas, ONG’s, sindicalistas o activistas, para evitar que publiquen informaciones o expongan sus opiniones.
Las demandas estratégicas contra la participación pública -comúnmente conocidas bajo la sigla anglosajona SLAPP- son, según indica la propuesta de Bruselas, un fenómeno reciente y cada vez más frecuente en la Unión Europea. Este tipo de denuncias suelen ser presentadas de manera reiterada e infundada por empresas, gobiernos y actores sociales con elevada influencia y poder.
“Los SLAPP han sido un infierno para nuestras vidas”. Es lo que denunció el hijo de la periodista de investigación maltesa Daphne Caruana Galizia, asesinada en 2017 y que luchaba contra 47 demandas presentadas por empresarios y políticos.
La directiva permitirá a los jueces la posibilidad de negarse a tramitar un caso de denuncia cuando compruebe que esta carezca de fundamento y obligará al demandante que actúa con mala fe a pagar los gastos derivados de su acción.
La normativa también busca homogeneizar la legislación de Los Veintisiete en esta materia para evitar que los demandantes puedan presentar sus acciones infundadas en diferentes jurisdicciones.
Actualmente, ningún país de la Unión Europea tiene protección específica contra los SLAPP.
