TV3 pierde 12 millones de euros en ingresos y la plantilla denuncia un «mercadeo político»

Inestabilidad. Es el término que encuadra la realidad de TV3 y Catalunya Ràdio, tanto a nivel empresarial como institucional. Mientras ERC y Junts negocian de puertas para adentro la formación del Govern y el control sobre la Corporación Catalana de Medios Audiovisual (CCMA), los comités de empresa reclaman un pacto para despolitizar los medios públicos de la Generalitat y reconducir su situación económica.

Aunque la ley aprobada en 2019 estipula que la dirección del ente público debe ser elegida por dos tercios del parlamento catalán y los responsables de TV3 y Catalunya Ràdio por concurso público, la realidad del proceso está lejos de responder a méritos o consensos. Ahí están, si no, los nombres que ya se barajan para dirigir la radiotelevisión catalana, así como el hecho de que los cuatro consejeros que se mantienen en el puesto lleven años con su mandato caducado.

«Todo indica que las negociaciones para formar gobierno en Cataluña incluyen el reparto de la CCMA», señalan desde el comité de la corporación. Situación que coincide además, por un lado, con un aumento de críticas hacia la línea editorial de TV3. «Estas campañas de presión no son espontáneas, y algunas tienen detrás el interés de crear un determinado clima en las negociaciones secretas entre los partidos que buscan formar gobierno».

Por otro lado, el contexto económico frena la actividad de la CCMA y ata de manos su margen presupuestario. Prueba de ello es que en 2020 arrojó un déficit de 11,8 millones de euros en su estado patrimonial, ante el que la Generalitat se vio obligada a intervenir para compensar el desequilibrio.

En la CCMA justifican esta inyección por la caída «en ingresos publicitarios, promoción comercial y venta de producciones respecto al ejercicio anterior». Según las cuentas publicadas en su portal de Transparencia, en el año de la pandemia se generaron 45,9 millones de euros a través de todas las líneas de actividad, lo que representa una caída del 21% respecto al 2019. O, lo que es lo mismo, ha perdido 12 millones de euros en el último año.

La caída en el negocio no puede atribuirse al efecto de la pandemia, al menos no exclusivamente. Como el resto de radiotelevisiones autonómicas, la editora de TV3 lleva años perdiendo fuerza comercial. Su facturación por anuncios viene cayendo a un ritmo anual de doble dígito desde 2018, cuando decidió desligarse de la FORTA para comercializar su propia publicidad mediante un equipo interno, integrado por medio centenar de profesionales.

A principios de 2020, antes de desatarse la crisis sanitaria, su departamento comercial esperaba ingresar un total de 68,2 millones de euros gracias a la publicidad, pero el frenazo en la inversión provocado a partir del mes de marzo obligó a revisar varias veces este objetivo trimestralmente. Finalmente, el ente catalán cerró el año pasado con una facturación publicitaria de 41,8 millones de euros, frente a los 51,4 de 2019.

El ente catalán cerró el año pasado con una facturación publicitaria de 41,8 millones de euros.

Del mismo modo, la venta de derechos y otros productos alcanzó los 3,1 millones de euros, en comparación con los 5,3 millones del año anterior; mientras que obtuvo 865.426 euros por la prestación de servicios. A estas cantidades cabe sumar la asignación anual de 240 millones de euros que recibe de la Generalitat.

Ante esta deriva económica e institucional, los comités sindicales de TV3 hablan de un «mercadeo político» que mantiene al medio escorado hacia un sesgo independentista. Así, además de una aplicación correcta de ley, exigen la aprobación de un nuevo contrato programa plurianual que «establezca claramente las cuotas de producción propia y externa y que permita encarar el futuro con proyectos claros». El proyecto para dotar al ente de una mayor estabilidad presupuestaria se mantiene en el cajón desde su presentación en 2020.

Asimismo, la parte sindical vuelve a subrayar la necesidad de acometer un plan de renovación de la plantilla con jubilaciones parciales y contratos de relevo que asegure el mantenimiento de la capacidad de producción para los próximos años. «Este plan se acaba de acordar recientemente y ahora hay que ponerlo en práctica»; sostienen.