Acento crece un 25% en volumen de negocio y un 30% en plantilla

Acento, la firma de consultoría de asuntos públicos de Alfonso Alonso y José Blanco, cerró el pasado ejercicio con una facturación de 7,85 millones de euros, frente a los 6,24 millones del 2022. Es un crecimiento del 25%.

La firma mantiene el beneficio en el entorno de los 1,5 millones de euros, según los datos del Registro Mercantil. Los datos también reflejan una fuerte subida del personal, con un total de 40 profesionales; un crecimiento del 30%.

En conversación con Alonso, presidente de la consultora, confirma que ha sido un buen año en términos de consolidación de clientes y de crecimiento de equipo; así como de la especialización de los proyectos en el ámbito financiero y de M&A con foco nacional y europeo.

Referente al tema de equipo, comenta que además de aumentar en un 30%, también es importante las nuevas incorporaciones al Consejo Asesor, a nivel de senior advisors; destacando las áreas de Sanidad y Defensa.

Plan estratégico 2023-26

Destaca asimsimo que el pasado ejercicio se inició el plan estratégico 2023-26, con fuertes inversiones en las nuevas oficinas de Paseo de la Castellana, 20; y en el inicio del desarrollo tecnológico de una plataforma propia de monitorización en tiempo real, análisis predictivo y reporting personalizado a nivel legislativo, regulatorio y tendencias; a multi-nivel autonómico, nacional y europeo.

El sector de los asuntos públicos y el «lobby» ha experimentado una notable transformación y crecimiento en España en la última década, tanto en la base profesional como en los servicios de consultoría. Y según el primer informe del Instituto Coordenadas para la Gobernanza y la Economía Aplicada (ICGEA), que comprende el primer análisis comparativo del desarrollo de este sector en España; así como un comparativo de tendencias observadas en Europa y Estados Unidos.

Acento factura 7,85 millones de euros y mantiene el beneficio en el entorno de 1,5 millones.

Se contextualiza la evolución del sector hacia un creciente rol corporativo, donde la interacción entre instituciones, autoridades, reguladores, administraciones y empresas no solo es necesaria, sino positiva, al aportar conocimiento de sectores muy especializados, dar capilaridad a los instrumentos de ejecución de las políticas públicas y evaluar su eficiencia y alcance, según indica la entidad.

Y se aporta el valor actual del sector que se sitúa entre 40 y 50 millones de euros, con expectativas de un aumento significativo hasta 2030.

Las conclusiones confirman que el sector ha experimentado un crecimiento significativo debido a la creciente complejidad de la legislación europea, estatal, autonómica y local; y también la necesidad de las empresas de interactuar eficazmente con el ecosistema político. Esto se refleja en un aumento interanual del 25% en la facturación durante los últimos cinco años.

Firmas líderes como LLYC, Acento y Vinces han superado los 25 millones de euros en facturación, expandiendo sus equipos y servicios.

Esta cifra de las llamadas BIG 3 de los asuntos públicos de nuestro país se espera que rebote un 15% según expertos consultados; aunque los datos de Vinces aún no están reflejados en el Registro Mercantil y los de LLYC que cotiza en el BME Growth, no ofrece el desglose de actividad en asuntos públicos.