El Gobierno aprueba el anteproyecto de ley de ‘lobbies’ que regula las comunicaciones entre Administración y grupos de interés
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley que regula la actividad de los grupos de interés. Una normativa que contempla derechos y obligaciones en las comunicaciones entre el personal público y los lobbies.
El texto, adelantado por Demócrata, obliga a los grupos de presión a inscribirse en un Registro Central de Grupos de Interés, que gestionará y supervisará la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), dependiente de la Secretaría de Estado de Función Pública. Hasta ahora en España sólo existen registros autonómicos o locales.
El grupo de interés deberá garantizar la publicidad de las reuniones de trabajo y los contactos mantenidos con el personal público. Éstos, por su parte, deberán comprobar antes del encuentro que los grupos con quienes se reúnen están inscritos.
El registro, aclara el texto normativo, caducará a los tres años sin modificaciones y su inscripción será gratuita, a través de una solicitud electrónica remitida a la OCI. Cualquier ciudadano podrá acceder al Registro, a través del Portal de Transparencia de la Administración General del Estado y de la web de la OCI.
El anteproyecto prohíbe el ejercicio del lobby a personal público en los dos años posteriores al salir de la Administración.
El anteproyecto de Ley especifica qué sujetos pueden ser grupos de interés. Esta condición la pueden poseer personas físicas y jurídicas, y organizaciones sin persona jurídica. Por el contrario, no se considerará lobby a las Administraciones Públicas, organismos públicos internacionales, sindicatos o asociaciones empresariales.
El Registro deberá plasmar cualquier comunicación realizada por un grupo de interés con el personal público, con la intención de influir en «procesos de toma de decisiones públicas o en los procesos de diseño y aplicación de políticas públicas o de elaboración de proyectos normativos».
Por otro lado, el personal público tendrá limitaciones en el ejercicio de esta actividad. En algunos casos, se les prohibirá hacer lobby durante dos años después de finalizar su etapa en la Administración Pública, en «materias relacionadas con las competencias del departamento, organismo o entidad en los que prestaron servicios».
Sanciones
El anteproyecto contempla tres tipos de sanciones, desde muy graves (p.ej. la inscripción de datos falsos), que acarrearían la cancelación de la inscripción y prohibición de volver a solicitarla en dos años; las graves (p.ej. el incumplimiento del código de conducta) con suspensión de inscripción entre tres y seis meses; y leves (p.ej. retraso en la actualización de información de inscripción), sancionadas con un apercibimiento.
La regulación de la actividad de los grupos de interés se retoma casi dos años después de que decayera un anteproyecto de ley, que estaba pendiente de su remisión a las Cortes por el Consejo de Ministros, tras la convocatoria de elecciones anticipadas en mayo de 2023.
APRI celebra el avance hacia una regulación del lobby y reclama un marco normativo equilibrado para lobistas y actores públicos
La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), representante de más de 300 profesionales del sector del Lobby, los Asuntos Públicos y las Relaciones Institucionales y apoyada por 24 organizaciones en España, celebra la aprobación por el Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad de las actividades de los Grupos de Interés.
La asociación profesional hace «un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que haya consenso en la tramitación del texto en el Parlamento y se pone a su disposición para ayudar a lograr la aprobación definitiva de una regulación efectiva de la actividad de los grupos de interés que cree garantice que los ciudadanos puedan involucrarse activamente y participar en los asuntos públicos», explican en un comunicado.
Su presidente, Carlos Parry, señala que «la regulación de la actividad de los grupos de interés no es solo una necesidad, sino una oportunidad para fortalecer nuestra democracia. Regular el lobby con transparencia y responsabilidad no solo alinea a España con las mejores prácticas internacionales, sino que también garantiza que la voz de todos los ciudadanos y sectores sociales sea escuchada de manera justa y equitativa”.
