La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) expresa su preocupación ante la falta de avances en la regulación del lobby en España, tras conocer que la Oficina de Conflictos de Intereses de las Cortes Generales alerta, por quinto año consecutivo, del incumplimiento de la norma que obliga a diputados y senadores a publicar sus agendas institucionales y, en particular, sus reuniones y contactos con grupos de interés.
Este nuevo aviso confirma que la transparencia sobre la interlocución entre representantes públicos y grupos de interés sigue «muy lejos de los estándares exigibles en una democracia avanzada».» Que esta situación se repita por quinto año consecutivo demuestra que el problema no es puntual ni técnico, sino estructural y político», opinan desde la organización.
La Oficina de Conflictos de Intereses de las Cortes Generales alerta del incumplimiento en transparencia por quinto año consecutivo.
La asociación recuerda que esta falta de cumplimiento se mantiene, en buena medida, porque las obligaciones vigentes carecen de un mecanismo sancionador efectivo en el ámbito parlamentario. «Cuando una obligación formal no va acompañada de instrumentos de supervisión, control y sanción, su cumplimiento se debilita y su eficacia se ve limitada», advierten.
El presidente de APRI, Carlos Parry, señala: «Si quienes tienen la responsabilidad de impulsar y aprobar una regulación del lobby no cumplen con las obligaciones de transparencia que ya les son exigibles, resulta difícil trasladar a la sociedad un mensaje creíble de compromiso con esta reforma. Precisamente por eso, creemos que es el momento de dar un paso adelante, asumir esa responsabilidad y avanzar hacia una regulación completa, efectiva y homologable a los estándares internacionales.”
La asociación recuerda que siguen paralizados los dos proyectos normativos que abordan esta cuestión: el Proyecto de Ley de Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés y, por otro, la reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. «La calidad democrática exige reglas claras, homogéneas y aplicables que refuercen la confianza pública y ofrezcan seguridad jurídica tanto a las instituciones como a los profesionales que desarrollan esta actividad de forma legítima y transparente».
La Comisión Europea ha insistido en sus informes sobre el Estado de derecho en la necesidad de que España adopte una legislación específica sobre lobby, incluyendo un registro público obligatorio. Del mismo modo, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) lleva años reclamando reglas sobre cómo deben relacionarse los parlamentarios con los lobistas y otros terceros que tratan de influir en el proceso legislativo. «La actual parálisis regulatoria sitúa a España en una posición de retraso respecto a las mejores prácticas internacionales y la priva de una herramienta esencial para reforzar la integridad institucional», aseguran.
APRI insta a todas las fuerzas políticas a dialogar para alcanzar un acuerdo que permita aprobar «una regulación ambiciosa, útil y efectiva, alineada con los estándares internacionales«. Asimismo, la asociación reitera su disposición a colaborar con las instituciones y los grupos parlamentarios para contribuir a una regulación «moderna, equilibrada y plenamente homologable a países extranjeros».
