Los expertos confían en que la directiva sobre el ‘greenwashing’ promueva en las empresas compromisos fehacientes
El tejido empresarial europeo afronta sus primeros días desde la entrada en vigor de la Directiva (UE) 2024/825 del Parlamento Europeo y del Consejo, más conocida como la Directiva del greenwashing, en la que se establecen reglas de protección a los consumidores contra prácticas empresariales desleales.
Entre estas, destaca la obsolescencia temprana de productos, la información engañosa sobre aspectos sociales de productos o discursos sobre la sostenibilidad que no responden a la realidad corporativa, que incurren en la “ecoimpostura”.
La normativa ahora pone mayor coto a estas acciones. Los compromisos medioambientales que predican las empresas pueden ser sometidos a la verificación de terceros expertos independientes, cuyas conclusiones deben estar a disposición de los consumidores. En caso de incumplimiento, la autoridad competente podrá aplicar sanciones y medidas correctivas.
La entrada en vigor de esta directiva es aplaudida por expertos, a pesar de que advierten de los múltiples desafíos que acarrea. La consultora Trescom puso ayer el foco en esta cuestión en una mesa redonda compuesta por profesionales de distintos campos, moderada por Agustín Baeza, senior advisor de la agencia, e inaugurada por Isabel Lozano, su CEO y fundadora.
La CFO & COO de Triodos Bank España, Montserrat Morales, opina que esta directiva europea, que supone un salto cualitativo en el camino por la transparencia, debe ir acompañada de un férreo compromiso por parte de las empresas, particularmente en el sector financiero. “Deberíamos ir por delante de la regulación, promoviendo iniciativas. La directiva supone una oportunidad y marco claro para empezar a reportar con un lenguaje común y armonizado, aunque hay que ser proactivos y no quedarnos sólo en la regulación”, defiende.
En este sentido, el responsable de Relaciones Instituciones y Sostenibilidad de BASF, Iván Albertos, añade que las organizaciones mejor preparadas para afrontar esta nueva etapa son aquellas que tengan cimentado un propósito sólido.
Los profesionales defienden una mayor claridad de las empresas a la hora de informar sobre sus hitos en sostenibilidad.
“El gran reto de las organizaciones”, señala, “es intentar ser creíbles para nuestros stakeholders. Y una palanca fundamental para ello es tener un propósito y valores claros como compañía. Si es así, todas sus acciones irán encaminadas a aportar información veraz”.
El orden de acciones que deben desarrollar las empresas debe ser, a juicio de Albertos, “planificar, ejecutar y comunicar”, en vez de “comunicar intenciones” para contribuir a mejorar la reputación de la compañía.
Por su parte, la responsable de Sostenibilidad de la División de Infraestructuras de Acciona, Elena Méndez, sostiene que la normativa “va a ser de gran ayuda, pero también será un reto por la complejidad que presenta a la hora de explicar”. En concreto, se refiere al elevado nivel de tecnicismo que se observa, por ejemplo, en los indicadores medioambientales.
El lenguaje es, precisamente, otra de las cuestiones que las organizaciones deberían prestar especial atención en esta lucha por la transparencia en la sostenibilidad, defienden los profesionales. Por ello, plantean que las empresas elaboren memorias comprensibles a los ciudadanos. “A veces se emplea lenguaje para ingenieros”, lamenta la portavoz de Triodos Bank.
La miembro del Comité de Expertos Independientes de la Comisión Europea, Susana del Río, celebra que la UE haya logrado dar este paso, aunque puntualiza que la sostenibilidad no sólo debe anclarse a la materia medioambiental, ya que también debe ser institucional o política.
Del Río considera una asignatura pendiente “la conjugación de la doble transición ecológica y la digital”. Una misión que posee mayores posibilidades de cumplimiento desde la entrada en vigor de la nueva directiva.
