Los lobistas aplauden la creación de un registro de grupos de interés en el Congreso
La ansiada regulación de la actividad de los lobbies en el Congreso de los Diputados esta cada vez más cerca. Esta semana se ha debatido en la Cámara una propuesta en esa línea del Grupo Parlamentario Socialista y ha salido aprobada con 207 votos a favor. El Grupo Parlamentario Popular, por su parte, también ha presentado su proyecto para regular la gestión de los asuntos públicos en el Congreso.
Ambas propuestas son similares, ya que incluyen el establecimiento de un registro de grupos de interés público y obligatorio en el Congreso, que incluya el compromiso de cumplir con un código conducta y cuyo incumplimiento derivará en la aplicación del régimen sancionador. Los dos proyectos también prevén las existencia de una huella normativa pública que muestre los cambios ocurridos durante el proceso de tramitación de una norma o política pública.
El registro de grupos de interés que plantea la reforma del Reglamento del Congreso del grupo socialista dependerá de la Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes Generales. Se deberán inscribir en él todos los grupos de interés o aquellos que actúen en su representación y que quieran tener interlocución con los diputados.
Los diputados deberán comunicar el contenido de la interlocución con esos grupos de interés debidamente registrados, información que se publicará en la web del Congreso. Este registro ya existe en el Parlamento, la Comisión Europea y el Consejo de la UE; o en comunidades autónomas como la de Madrid, la de Cataluña y la de Castilla-La Mancha.
Además, el grupo socialista quiere que en la tramitación de cada iniciativa legislativa se elabore un informe de huella legislativa, en el que quedarán reflejadas las modificaciones que hayan tenido lugar a lo largo del procedimiento. Es en este punto donde los diputados deberán comunicar las propuestas que hayan recibido de los grupos de interés o de sus representantes.
No podrán representar a grupos de interés quienes hayan sido diputados o altos cargos del Gobierno en los cuatro años anteriores.
La normativa que prevé la propuesta socialista incluye también un apartado sancionador. En virtud del texto propuesto, un grupo de interés o sus representantes podrían ser expulsados del registro público de forma temporal o definitiva si, por ejemplo, transmiten información falsa o si omiten que intereses representan.
La propuesta de reforma del Reglamento del Congreso también incluye un Código de Conducta de los grupos de interés. En esta parte se incluye que éstos deberán adecuar su actividad a elevados estándares éticos y que rechazarán representar intereses ilícitos, entre otras cuestiones. Añade además la prohibición de que representen a grupos de interés quienes hayan sido diputados o altos cargos del Gobierno los cuatro años anteriores, así como los inhabilitados judicialmente para acceder a cargo público
«Impacto positivo»
La mayoría de estas disposiciones han sido aplaudidas por la Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales (APRI), la entidad que representa a los profesionales españoles del sector del lobby y asuntos públicos y que lleva una década demandando una regulación pública de su actividad.
Esta entidad «acoge con satisfacción» la toma en consideración de la propuesta de reforma del Reglamento del Congreso. En su opinión, la regulación de las relaciones entre los poderes públicos y lo grupos de interés en el poder legislativo traerá un «impacto positivo», ya que «garantizará la transparencia en la toma de decisiones, reforzará la seguridad jurídica de las normas y facilitará la igualdad de trato y acceso a los representantes públicos bajo unos mismos criterios éticos para todos los grupos de interés».
María Rosa Rotondo, presidenta de APRI, ha declarado sobre esta propuesta legislativa que “el diálogo entre intereses públicos y privados es fundamental, y tanto la iniciativa del PSOE como la del PP cuyo objeto es regular las relaciones entre diputados y los grupos de interés, garantiza la transparencia del debate democrático y disminuye el efecto de desafección ciudadana hacia las instituciones públicas y los políticos”.
Una vez tomado en consideración el asunto de regular la actividad de los lobbies en el Congreso, el horizonte temporal que se abre es incierto, pues seguidamente tocará el turno de presentar enmiendas y, con posterioridad, aprobar la reforma en el pleno de la Cámara. En función de las circunstancias, podrían pasar meses o años para cumplir estas etapas. Hay que recordar que ya habido otros intentos en el pasado para regular esta actividad en el Congreso y finalmente han decaído todas ellas.
En paralelo a este proceso regulatorio en el poder legislativo, el ejecutivo también ha emprendido su camino. De momento, hay un anteproyecto de ley para regular la actuación de los lobbies en su interlocución con el Gobierno. Esta iniciativa -una prioridad para el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta- esta actualmente en consulta pública.