La Comisión Europea ha anunciado la apertura de una investigación sobre Google bajo la sospecha de que podría estar empeorando de forma injusta la visibilidad de algunos medios en su buscador.
En concreto, quiere averiguar el encaje en la Directiva de Mercados Digitales (DMA) de mostrar más abajo en resultados de búsquedas a esas cabeceras cuando incluyen contenido de otros socios, según su denominada política de abuso de reputación de sitio.
El Ejecutivo comunitario considera que esa práctica «aparentemente tiene un impacto directo sobre una vía común y legítima para editores de monetizar sus webs y contenidos«, según el comunicado en el que informa de la nueva investigación. Y por tanto podría influir sobre la «libertad para manejar negocios legítimos, innovar y cooperar con terceros proveedores de contenidos».
Esa perspectiva entra en conflicto con la mencionada normativa de Google, que fija la reducción de visibilidad de aquellos medios que puedan estar usando su estatus ante el buscador para incluir contenido de terceros. La compañía considera que esa práctica es un intento de manipulación de resultados con intención de generar tráfico de manera artificial.
Además, en su defensa señala que «un tribunal alemán ya descartó una reclamación similar y falló que nuestra política antispam era válida, razonable y aplicada de manera consistente». Lo hace en una entrada de su blog corporativo firmada por Pandu Nayak, científico jefe de búsquedas, que añade que la política en tela de juicio nivela la competencia en la medida en que impide que unas webs queden por encima de otras sin merecerlo.
El Ejecutivo comunitario pone en cuestión la política por la que el gigante tecnológico penaliza la inclusión de contenido de terceros por posible spam.
La designación en 2023 de las búsquedas de Google como un «servicio de plataforma central» bajo la DMA implica que la Comisión Europea tiene capacidades extra para regularla. Y si la investigación concluyera que el gigante tecnológico ha infringido ese marco legal le habilita para multarle con hasta el 10% de sus ingresos anuales globales.
Pero además en ese escenario el Ejecutivo comunitario tiene igualmente la posibilidad de imponerle remedios si el proceso detectara que la infracción es sistemática. Eso abriría el abanico a posibles desinversiones forzosas o la prohibición de que Google haga adquisiciones vinculadas a la cuestión investigada.
Lo previsto es que la investigación termine en 12 meses y un eventual resultado negativo para Google podría tensar aún más las relaciones entre La Unión Europea y Donald Trump. La compañía ya fue objeto de una sanción en septiembre, 3.000 millones de euros por abuso de posición en publicidad digital, lo que eleva el total de multas que ha recibido en zona comunitaria hasta los 9.500 millones. Y está bajo la lupa de la Comisión Europea en otros asuntos como el de los resúmenes automatizados en búsquedas.
