El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha desestimado el recurso de Google para eludir el pago de la sanción de 4.125 millones de euros por conductas anticompetitivas con Android. Esa sanción, impuesta en 2018 por la Comisión Europea, es la más elevada hasta la fecha en la región en el ámbito antimonopolio y queda ya firme una vez agotadas las posibilidades de impugnación.
Más allá del impacto económico significativo de la multa, el aval judicial es un varapalo para Google en la medida en que queda confirmada la tesis de que valerse del control de un sistema operativo para imponer servicios propios puede constituir abuso de posición dominante. La sanción inicial fue de 4.343 millones de euros pero en 2022 el Tribunal General de la Unión Europea la rebajó a 4.125 millones, que es la cifra que ahora ha confirmado la instancia superior.
Hasta 2018 la compañía venía obligando a los fabricantes de dispositivos que querían incluir su tienda de aplicaciones Google Play Store a que preinstalaran igualmente Chrome y su buscador. Además Google dificultaba que esas mismas marcas pudieran comercializar teléfonos con versiones alternativas de Android que no hubiera aprobado previamente. De esa manera forzaba la instalación por defecto de servicios clave que alimentaban su negocio publicitario a costa de competidores.
La compañía tendrá que hacer frente al pago de 4.125 millones de euros por abuso de posición dominante en Android para favorecer sus propios servicios hasta 2018.
A falta de ver posibles consecuencias de la decisión de la Justicia europea, el gigante tecnológico ya señaló en su momento que había modificado contratos y condiciones en 2018 para adaptarlos a las exigencias que acompañaban la multa. De ahí que desde entonces ofrezca en los dispositivos operados con Android pantallas para escoger buscador y separara en parte las licencias de Chrome, Play Store y Search.
Sin embargo este frente no era el único que mantenía abierto respecto a su sistema operativo en la Unión Europea. La Comisión le está pidiendo a Google que permita a rivales de su asistente Gemini que puedan acceder en las mismas condiciones a funciones de los teléfonos para ejecutar acciones autónomas.
El aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea refuerza en principio la postura del Ejecutivo comunitario, que pretende evitar el predominio del gigante tecnológico en la nueva era de la inteligencia artificial. Además la diferencia respecto al primer caso es que han transcurrido ocho años debido a la ausencia de normativa específica como la Directiva de Mercados Digitales, que desde su aprobación permite exigir cambios preventivos a empresas de esa relevancia.
